Solo se ha aprobado el informe final de una de siete comisiones investigadoras

El mayor argumento de los parlamentarios a la hora de defender su gestión es la labor fiscalizadora que cumplen en el Congreso de la República. Sin embargo, esto no se refleja en las investigaciones que cuentan con comisiones propias, o en la prioridad para aprobar los informes que estas producen.

De las siete comisiones investigadoras creadas en lo que va de este período, solo un informe final fue aprobado por el pleno: el de la Comisión Lava Jato. Este documento recibió varias críticas respecto a los alcances de sus imputaciones. El grupo, liderado por la legisladora Rosa Bartra (Fuerza Popular), tenía como mandato investigar las concesiones, obras y proyectos que fueron adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao y otras. Después de casi dos años de pesquisas, su informe solo se centró en Odebrecht.

Otros dos documentos finales de comisiones fueron presentados, pero aún no se debaten en el pleno. El informe del Caso Madre Mía, que incluía al ex presidente Ollanta Humala en sus conclusiones, está a la espera de debatirse en el pleno hasta el día de hoy. Ya tiene siete meses en compás de espera. Este Diario intentó comunicarse con el titular de ese grupo, Héctor Becerril (Fuerza Popular), pero no contestó nuestras llamadas. Según fuentes de la Mesa Directiva, el problema es que este no ha mostrado disposición para sustentar el informe ante el pleno.

El otro informe final pendiente de ser debatido es el referido a los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano en el 2016. El documento final fue presentado en noviembre del 2017 y hasta la fecha no es debatido en el pleno.

—Un año después—
Una de las comisiones que más expectativas generaron fue la que debía investigar al gobierno de Ollanta Humala. El mandato de las pesquisas abarcaba los casos de la línea 2 del metro de Lima y Callao, la concesión del Gasoducto Sur Peruano y los contratos de Camisea y de la refinería de Talara.

Este grupo, creado a finales del 2016 y presidido por el hoy presidente del Congreso, Daniel Salaverry, hasta la fecha no presenta su informe final y ya tiene un año fuera de mandato. En el despacho de Salaverry explicaron que, al asumir la presidencia del Congreso, se quedó como encargado del grupo el legislador Edmundo del Águila (Acción Popular).

“Se acabó todo el proceso y se armaron proyectos de ley, ahora estamos a la espera de algunas firmas en el informe final [conclusiones] y la próxima semana se estará presentando para que se ponga en agenda del pleno del Congreso”, dijo Del Águila.

—Informes por presentar—
Las tres comisiones restantes se encuentran en funciones y dentro de su plazo. La más próxima a presentar su informe final es la comisión que investiga las “presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao”. El presidente del grupo, Percy Alcalá (Fuerza Popular), no contestó nuestras llamadas para consultarle sobre sus avances.

Quien sí comentó sobre su trabajo fue Alberto Quintanilla, miembro de esa comisión. El legislador de Nuevo Perú indicó que se ha avanzado bastante y que están entrando a la etapa final, pero con “varios defectos”. Si bien no quiso profundizar sobre cuáles eran, indicó que se debían al poco apoyo recibido. “El problema es que se involucra a varias autoridades vinculadas a Fuerza Popular y hay una suerte de bloqueo”, afirmó.

El otro grupo pendiente es la comisión del Caso Sodalicio, presidida por el legislador Alberto de Belaunde. El plazo para presentar su informe final es el 17 de junio del presente año. De Belaunde sostuvo que el informe estará listo dentro del plazo y se centrará en tres casos emblemáticos: los presuntos abusos en instituciones educativas en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), el colegio Héctor de Cárdenas y en el propio Sodalicio. Hasta la fecha, ese grupo ha realizado 20 sesiones, y según información proporcionada, el equipo psicológico ha entrevistado a 36 presuntas víctimas que han estado vinculadas con el Sodalicio.

La última comisión investigadora que aún está dentro del plazo para terminar sus pesquisas es la de Majes-Siguas II. Ese grupo, presidido por Gladys Andrade (Fuerza Popular), debe investigar todas las adendas dadas por el Gobierno Regional de Arequipa. Su plazo vence aún en setiembre.

La vicepresidenta de ese grupo, Alejandra Aramayo (Fuerza Popular), acusó que no pueden avanzar con la investigación debido a las “trabas” puestas por la Mesa Directiva. Según dijo, esa comisión no tiene hasta la fecha un secretario técnico, el asesor principal de todo grupo que es designado desde el servicio parlamentario.

“Hemos cursado 10 oficios solicitando apoyo pero el presidente [Daniel] Salaverry no nos ha dado los recursos operativos. A Lava Jato, con su trascendencia, se le dio un staff enorme y fue criticado, con lo que se ha retraído el apoyo a las comisiones investigadoras”, afirmó a El Comercio.

Desde el despacho de Salaverry, indicaron que esa comisión ya contaba con el personal correspondiente.

Aramayo resaltó que el proyecto Majes-Siguas II está paralizado y es necesario investigar cómo empezó costando US$220 millones y a la fecha costará unos US$600 millones cuando el nivel de ejecución de la obra apenas llega al 16%.

—Fiscalización—
El único de los informes finales de la Comisión de Fiscalización que se aprobaron en el pleno fue el que imputa por usurpación de funciones a la ex primera dama Nadine Heredia.

Otros casos cuentan con informes finales pero, al igual que las comisiones investigadoras, faltan ser debatidos en el pleno: el del ex consejero presidencial Carlos Moreno y el de la muerte de Emerson Fasabi.