Que Kuczynski decida si concede, dilata o descarta el indulto a Alberto Fujimori es una potestad presidencial y constitucional de la que él tendrá que hacerse cargo. (Foto: Sepres)
Que Kuczynski decida si concede, dilata o descarta el indulto a Alberto Fujimori es una potestad presidencial y constitucional de la que él tendrá que hacerse cargo. (Foto: Sepres)
Juan Paredes Castro

Pedro Pablo Kuczynski () se ha pasado prácticamente un año llevado en procesión por quienes creen que él puede gobernar poniendo al Congreso, de mayoría fujimorista, en la permanente situación de encubrir incompetencias y torpezas ministeriales a cambio de evitar cuestiones de confianza y amenazas de disolución. Ejecutivo débil, en plan de pataleo. Legislativo fuerte, en plan de camorra. Ambos sentados fuera de la bacenica.

Si el presidente no se hubiera bajado por un momento de esa apasionada procesión antifujimorista, para entenderse con la mayoría fujimorista, el primer ministro Fernando Zavala no hubiera obtenido las facultades legislativas que tanto necesitaba para destrabar la economía y enfrentarse al desbarajuste gubernamental heredado de Ollanta Humala.

Tenemos un Gobierno elegido para gobernar y un Legislativo elegido para legislar. Uno y otro no tienen que excluirse a nombre de rencores y resentimientos políticos de una campaña electoral ya pasada y superada. Ni menos arrastrar compromisos personales minúsculos de esa misma campaña a tareas de Gobierno y Congreso que demandan serenidad, lucidez, raciocinio y equilibrio políticos del más alto nivel.

Quien tiene en sus manos las riendas ejecutivas del país no puede pues mantener por los siguientes cuatro años un ritmo confrontacional con el Congreso solo porque así lo quieren y así lo piden quienes ahora, a nombre de una porción de votos de la segunda vuelta electoral, le plantean un desafiante chantaje político: el abandono inmediato de cualquier entendimiento con el fujimorismo parlamentario o la respuesta de un antifujimorismo radical en las calles, dispuesto a todo.

La mayoría fujimorista parlamentaria no fue elegida para poner de rodillas al gobierno ni sabotear las posibilidades de mejorar y reformar la precaria institucionalidad democrática en la que habitamos, precisamente afectada por el decenio autocrático del 90 al 2000. De la misma manera es absolutamente irresponsable que un gobierno que se debe a todos los peruanos, vaya a convertirse en complaciente rehén de un rabioso antifujimorismo. No hay gobernabilidad posible sin el ejercicio difícil y complejo del diálogo, la conciliación y la negociación entre Gobierno y Congreso, como en cualquier sistema político civilizado.

Sería interesante conocer una sola receta del antifujimorismo radical que pueda hacer posible la gobernabilidad del país sin tener que pasar por un entendimiento básico con la mayoría fujimorista parlamentaria. Y otra receta suya de cómo tirar la primera piedra en las calles contra el fujimorismo sin dejar de hacerlo también contra la impunidad de los Humala-Heredia, que se nutrieron políticamente del antifujimorismo popular y de salón a la vez que lo utilizaron para llegar al poder, a sabiendas de que sobre el ex presidente pesaban acusaciones graves de violación de los derechos humanos. Que Kuczynski, dentro de sus facultades presidenciales, decida si concede, dilata o descarta el indulto a Alberto Fujimori es una potestad presidencial y constitucional de la que él tendrá que hacerse cargo y respecto de la cual podremos estar de acuerdo o en desacuerdo. El fujimorismo no puede hacer de esto una presión al borde del chantaje ni el antifujimorismo radical pretender gestar una insurrección.

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