Carlos Paredes ha sido acusado de haber recibido 17 millones del Club de la Construcción. (Foto: GEC)
Carlos Paredes ha sido acusado de haber recibido 17 millones del Club de la Construcción. (Foto: GEC)
Redacción EC

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia dictó ocho meses de impedimento de salida del país para el ex ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) , quien es investigado por la Fiscalía de la Nación por el caso del

El requerimiento fue hecho por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien el viernes interrogó en su despacho al ex funcionario del gobierno de Ollanta Humala.


Carlos Paredes estuvo al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde el 28 de julio del 2011 hasta el 23 de junio del 2014.

La fiscalía atribuye a Paredes los delitos de colusión y cohecho pasivo propio por presuntamente haber nombrado en el 2011 a Carlos García Alcázar como asesor en el Viceministerio de Transportes para que intervenga en los procesos de licitación promovidos por Provías Nacional a favor del 'club de la construcción'.

También le imputa haber recibido supuestamente US$17 millones de parte de los empresarios que integraban el denominado ‘club de la construcción’ con el fin de favorecerlos en los procesos de licitación de las obras a cargo del mencionado ministerio.

En el proceso también se investiga a José Paredes, hermano del ex ministro, quien, según la fisalía, actuaba dentro de la organización en representación de este.

Para José Paredes, el fiscal Germán Juárez, a cargo de la investigación del caso, ha solicitado 18 meses de prisión preventiva. El pedido será evaluado mañana por la jueza María Álvarez Camacho, titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

La magistrada también resolverá el mismo pedido contra José Fernando Castillo (ICCGSA), Edgard Unzueta (Andrade Gutierrez) y Javier Lei (constructora CyM). 

La fiscalía ha solicitado incorporar a la investigación a 16 constructoras. Entre ellas, Graña y Montero, Queiroz Galvao, Obrainsa y Andrade Gutierrez.