Dos grandes decisiones ad portas, por Jaime de Althaus

Mientras la popularidad del presidente crece al calor de sus confrontaciones con el Congreso, el ritmo de la economía decrece peligrosamente y las inversiones se detienen. En las próximas 4 semanas, sin embargo, el gobierno tiene la oportunidad de tomar dos grandes decisiones que implicarían un punto de inflexión en las perspectivas del país para los próximos lustros.

La primera es la licencia de construcción a Tía María, cuyo estudio de impacto ambiental vence dentro de cinco semanas. Tía María se ha convertido ya en un símbolo de la dificultad y de la resistencia antiminera de modo que, si se otorga y se maneja bien, sería un símbolo de las dificultades vencidas, una demostración de la capacidad del Estado Peruano para gestionar los procesos que permitan la inversión minera asegurando los derechos de todos.

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Tendría el valor simbólico de señalar que nuestro Estado se decide a desarrollar el enorme potencial minero que tenemos y que puede convertirnos en un país desarrollado. Empezaríamos a asumir por fin que somos un país minero. La segunda es la inclusión en el Plan Nacional de Competitividad –que también debe presentarse en las próximas semanas– de un conjunto potente de reformas laborales y tributarias que permitan incorporar a la legalidad formal a muchísimas empresas y trabajadores hoy excluidos, y que posibiliten su crecimiento económico, hoy reprimido por normas excluyentes o contraproducentes.

Aquí el problema, por supuesto, es la CGTP, experta en parar en lugar de avanzar. Su supuesta capacidad de movilización asusta a los gobiernos, pero el paro nacional de ayer, convocado precisamente contra reformas laborales imaginarias, no se notó salvo en algunos pocos puntos y por temas locales. La CGTP no es un actor democrático: rechazó presentar y discutir propuestas de modernización de las reglas laborales en el Consejo Nacional de Trabajo. Se retiró para poder luego decir que no había sido consultada. Se niega al diálogo y a la búsqueda de consensos para destrabar la emergencia de los sectores populares. Es una fuerza negativa, una oligarquía aferrada a sus pequeños cupos de poder, que vive a costa de las mayorías.

Por su parte, todos los gremios empresariales unificaron posiciones en una propuesta de cambios en varios temas pero que no contiene medidas para reducir los costos no salariales del trabajo, algo fundamental para la competitividad y la formalización. Quizá, como el gobierno, tienen a la CGTP metida en el superyó, o en el cerebelo, y se inhiben. Sí hay una propuesta elaborada por Macroconsult y la CCL muy interesante que cambia el paradigma de los regímenes tributarios y laborales diferenciados reemplazándolos por escalas graduales y progresivas basadas en el tamaño del sueldo del trabajador o de las utilidades de la empresa, cuyo mérito principal es eliminar los saltos mortales de un régimen a otro que fomentan el enanismo empresarial, favoreciendo el crecimiento de las empresas y su formalización.

Se trata de abrir una nueva era de crecimiento acelerado y esta vez con una inclusión empresarial y laboral que rescate a los informales e ilegales de la mayor desigualdad existente en el país. El gobierno sabe lo que tiene que hacer para lograrlo. No puede dudar.