Edgar Alarcón: las 6 claves de las acusaciones contra el contralor

Edgar Alarcón intentó en las últimas horas minimizar la denuncia que el auditor Walter Grados presentó en su contra por la compra y venta de autos de lujo en la sesión de ayer del grupo de la Comisión Permanente del Congreso que evalúa su situación. El contralor afirmó que las acusaciones en su contra no eran sólidas.

Sin embargo, hoy, desde Arequipa, sufrió un duro golpe: el decano dela Facultad de Derecho de la UNSA, Javier Lizárraga, afirmó que el contralor obtuvo su título profesional de contador “de manera fraudulenta”.

A continuación los principales cuestionamientos a Alarcón:

Pasión por los fierros
El auditor de la contraloría Walter Grados denunció ante el Congreso en agosto del 2016 a Edgar Alarcón por las compras de vehículos que este hizo junto a sus jóvenes hijos entre el 2002 y el 2015. La denuncia, no obstante, se conoció recién el pasado 26 de mayo a través del programa dominical “Cuarto poder”.

Fueron más de 90 autos los adquiridos por la familia Alarcón y por los que, tal como informa hoy El Comercio en base a información de Registros Públicos, se desembolsaron US$1’168.295.

Parte de este dinero no ha sido declarado. Además, el contralor no debía efectuar esta clase de negocios pues la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República prohíbe las actividades lucrativas al vicecontralor, cargo que tenía Edgar Alarcón cuando hizo parte de estas adquisiciones.

Por este caso, la fiscal de lavado de activos Yovana Mori García ha abierto una investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos contra Alarcón, quien ha negado algún acto irregular.

“¿Qué pasaría si retiras la denuncia?”
Grados Aliaga también dio cuenta de que el contralor le pidió que retire las acusaciones presentadas ante el Parlamento. Así lo demuestra un audio, grabado por el auditor, en el que se le escucha conversar con Edgar Alarcón en torno a las denuncias.

“¿Qué pasaría si es que retiras la denuncia del Congreso? [...] Piénsalo, Walter. No quiero presionarte, no te estoy hostilizando, no te estoy chantajeando. Entonces, por la amistad que tenemos te digo piénsalo, nada más te digo”, se le oye decir al titular del órgano de control.

Esa petición, particularmente, ha sido sumamente criticada por varios actores políticos, quienes han coincidido en que Alarcón Tejada no es el indicado, moralmente, para dirigir una institución como la Contraloría General de la República.

Asimismo, el pasado 4 de junio, el auditor denunció que es víctima de acoso laboral por parte del ente en el que labora tras presentar estas denuncias. Walter Grados, además, detalló que ha recibido amenazas telefónicas contra él y su entorno familiar.

Pago bondadoso
La ex trabajadora del área de Tesorería Marcela Emilia Mejía Franco fue cesada en el 2010 con una liquidación presuntamente irregular. A pesar de que su sueldo era de S/3.350, recibió más de S/127 mil de compensación, y otros S/100 mil bajo concepto de pago de viáticos.

Según Alarcón, los cálculos del auditor Walter Grados son errados, pues los S/100 mil adicionales fueron en realidad viáticos para que otros funcionarios cumplieran su trabajo.

Marcela Emilia Mejía Franco dependió funcionalmente de Alarcón cuando este fue gerente de Finanzas de la contraloría y, también, mantuvo una relación sentimental con él. Por este caso, el cuarto despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación de oficio contra el contador.

Terrenos a su nombre
Edgar Alarcón adquirió dos terrenos que le pertenecían a la Municipalidad Provincial de Camaná, en Arequipa, cuando era gerente de la contraloría, y pagó S/25 por el metro cuadrado.

Los predios fueron vendidos por Sergio Dávila Vizcarra, entonces alcalde de ese distrito y hoy legislador de la bancada de Peruanos por el Kambio. El contralor habría pagado en total unos S/5.000 por cada uno de los terreros y los adquirió en sociedad conyugal con su esposa María Gordillo Andia, cuando ya era representante de la contraloría.

“En el 2008, la Municipalidad Provincial de Camaná subastó 165 terrenos. Yo adquirí dos, por los que pagué 25 soles por cada metro cuadrado. La compra la hice como cualquier otro ciudadano. No he violado ninguna norma, como denuncia el auditor”, se ha defendido Alarcón.

Además, se ha señalado que es posesionario, desde el año 2002, de un terreno cercano a la playa de Cerro Azul, en Cañete. A pesar de que el lugar está registrado como un terreno de mil metros cuadrados, Corina Padilla, teniente gobernadora de la localidad de Puente Tabla, insiste en que el predio tiene una extensión de dos mil metros cuadrados.

Para comprobar ello, muestra planos visados por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Cerro Azul. Según acota Padilla, en los predios se tenía planeado levantar instituciones estatales, ya que están ubicado frente a la plaza principal del lugar.

El audio de la discordia
El pasado domingo se difundió en el programa “Panorama” un audio de una reunión entre Edgar Alarcón y el ministro de Economía, Alfredo Thorne, en la que hablan de fondos adicionales para el órgano de control. La cita tuvo como fecha el último 17 de mayo.

El problema se suscita cuando, durante las conversaciones, se hace mención al informe de la contraloría sobre la adenda del aeropuerto de Chinchero que sería presentado días después.

"La transferencia [de presupuesto] ya está firmada por mí. Luego lo que tengo que hacer es convencer al presidente. [...] Usted pidió 14 millones... 13 millones. La mitad es lo que ya tenemos firmado. Falta solamente firmar al presidente", se oye decir a Alfredo Thorne.

Rápidamente, el titular del MEF acusó que el audio fue grabado a escondidas por el contralor y negó que en algún momento se haya condicionado los fondos de dicha institución por el contrato de Chinchero.

El título profesional en duda
Edgar Alarcón obtuvo su título profesional de contador “de manera fraudulenta”, porque no cumplió con el requisito de haber trabajado tres años antes de presentar su informe profesional en el 2000. Así lo afirmó el decano de la facultad de Derecho de la UNSA, Javier Lizárraga, quien integró el grupo que evaluó la situación académica del contralor.

"El título se obtuvo de manera fraudulenta, incumpliendo disposiciones expresas por la ley. En consecuencia, esto es un baldón provocado por una persona absolutamente inescrupulosa que sorprendió la buena fe de los examinadores (de la UNSA)", añadió el decano de la universidad arequipeña.