El documento elaborado por el fiscal José Domingo Pérez ya está en la Fiscalía de la Nación. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC)
El documento elaborado por el fiscal José Domingo Pérez ya está en la Fiscalía de la Nación. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC)

El pedido del fiscal para investigar al fiscal de la Nación, , por presuntos delitos contra la administración de justicia está aún en manos del propio acusado, tras ser remitido por el jefe del equipo especial, el fiscal Rafael Vela.

Esta solicitud por presuntamente entorpecer la investigación a Keiko Fujimori se encuentra ya en el despacho del titular del Ministerio Público. Sin embargo, el mismo adelantó que no tiene sustento penal.

Tres expertos consultados por El Comercio analizaron si es exacto lo que dice Chávarry y cuál sería el futuro del pedido de Pérez.

1. ¿El delito de encubrimiento está fundamentado?
Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, no habría sustento para denunciar penalmente al titular del Ministerio Público por encubrimiento real y personal, delitos que tendrían penas de hasta diez años de cárcel.

“No tiene pruebas. Los hechos en los que se sustenta son cuestiones administrativas, dentro de la competencia del fiscal de la Nación, como los oficios enviados para pedir información sobre el acuerdo de colaboración con Odebrecht”, consideró.

Distinta opinión tuvo Luciano López, abogado penalista y constitucionalista, quien afirmó que Pérez tiene “al menos indicios” que ameritan una investigación preliminar. “En el 2007, la Corte Suprema estableció que el delito de encubrimiento personal ocurre también cuando se entorpece o traba una pesquisa. Sí habría mérito para iniciar una investigación”, remarcó.

2. ¿Los elementos presentados son sólidos?
El fiscal José Domingo Pérez presentó como pruebas de los presuntos delitos la declaración de un testigo protegido, las conversaciones en el chat La Botica y los oficios remitidos por Chávarry al equipo especial.

“No es contundente para decir que ha cometido el delito de encubrimiento. Pero tampoco es un mamarracho. Hay algunos elementos que podrían dar lugar a una investigación preliminar, pero no están acreditados. Se debe investigar más”, manifestó la abogada penalista Romy Chang.

Chang resaltó entre estos elementos la confesión del testigo protegido TP-2017-55-03. “Sí son indicios. No se puede decir que no hay nada”, agregó.

Lamas, por el contrario, remarcó que la declaración que dio dicho testigo protegido tiene que estar corroborada con otros hechos periféricos, que –en su opinión– no están dentro del pedido. “Por ello no tiene peso. No es suficiente la afirmación de un testigo para sindicar”, dijo.

3. ¿Qué ruta seguirá el documento de Pérez?
Al haber sido notificada la noticia criminal al fiscal de la Nación, este tendrá que inhibirse de investigarse a sí mismo y derivarla al fiscal supremo de mayor antigüedad, explicaron los tres expertos.

Sánchez podría iniciar una investigación preliminar por un plazo de hasta 60 días, antes de enviar o no el pedido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Precisamente, es en el Parlamento donde se decidirá si se admite a trámite la denuncia y se levanta la inmunidad para que sea procesado. “Todo parte de que el fiscal de la Nación se desprenda del documento”, agregó López.

4. ¿Este pedido tiene futuro?
“No le veo futuro”, respondió enfático Lamas. “Hay denuncias anteriores que no han sido admitidas en el Congreso. Y esta nueva tiene ausencia de base legal y hechos fácticos”, añadió.

Chang y López, en tanto, coincidieron en que el caso tiene indicios factuales para una indagación preliminar, pero precisaron que nada podrá ocurrir si es que Chávarry no se inhibe. “Si una bancada presenta una denuncia constitucional, podría acelerar el trámite”, dijo la abogada.