Fuerza Popular y Apra cuestionan decisión del Tribunal Constitucional

La próxima resolución del Tribunal Constitucional (TC) que declara parcialmente inconstitucional la denominada ley antitránsfugas ha dividido las aguas en el Congreso.

En una primera votación, el TC decidió por mayoría (cinco votos contra dos) acoger en parte la demanda de parlamentarios de cuatro bancadas. Esta buscaba dejar sin efecto la restricción reglamentaria que impide a renunciantes o expulsados de una bancada integrarse a otra o formar una nueva.

La decisión aún debe oficializarse. Para ello el TC tiene como plazo máximo el próximo viernes 8. Sin embargo, miembros de Fuerza Popular y el Apra ya mostraron su rechazo a la decisión.

“Lo que ha hecho el TC es actuar de manera golpista y antidemocrática. Buscan dividir y debilitar a los partidos políticos”, sostuvo la congresista de Fuerza Popular Karina Beteta en declaraciones a El Comercio.

Rosa Bartra, también de Fuerza Popular, prefirió no comentar el fallo hasta que sea oficial, aunque adelantó que, de confirmarse, “efectivamente se estaría intentando regular un poder del Estado que tiene su propia regulación”.

En una nueva muestra pública de discrepancias con sus colegas de bancada, Kenji Fujimori aseveró que es “indispensable” respetar las sentencias del TC. “Es la forma de fortalecer la institucionalidad y el Estado de derecho”, escribió en Twitter.

Las palabras de Beteta y Bartra coinciden con las del tercer vicepresidente del Congreso, Mauricio Mulder.

Este, además, había afirmado el martes que el fallo “no se puede aplicar”. Su postura fue ratificada ayer por el vocero alterno de la bancada aprista, Javier Velásquez Quesquén.

“[La decisión] es una potestad del TC, pero eso no lo convierte en un órgano superior al Congreso. Acataremos lo que podamos acatar, pero un órgano extraño de ninguna manera puede organizar la vida interna del Parlamento”, indicó el vocero aprista a este Diario.

Los 76 votos de Fuerza Popular y el Apra serían suficientes para rechazar una modificación reglamentaria en el pleno, donde el Parlamento debe definir si rechaza la aplicación de la resolución del tribunal.

—Posición encontrada—
Representantes de otros bloques parlamentarios usaron ayer calificativos igual de duros para cuestionar la eventual negativa a acatar la resolución. Miembros de Peruanos por el Kambio y del bloque Nuevo Perú –conformado por 10 renunciantes del Frente Amplio– consideran que actuar así sería golpista y antidemocrático.

“No acatar el fallo sería dar un golpe de Estado a la democracia y al Congreso. Las interpretaciones de mis colegas están fuera de todo contexto constitucional y son muy peligrosas para el sistema democrático”, según el oficialista Salvador Heresi.

Los más beneficiados con un retroceso en la modificación reglamentaria serían los congresistas no agrupados, sobre todo la facción del Frente Amplio denominada ahora Nuevo Perú. Esta ya se prepara ante un escenario desfavorable: que el Congreso se niegue a aceptar el fallo.

“Recurriremos a hacer una acusación constitucional en contra de quienes lo descarten. Hacer eso es ignorar el contenido de la Constitución. El TC está por encima de cualquier norma pública, como el reglamento del Congreso”, adelantó su portavoz, Alberto Quintanilla.