En febrero, PPK y Vizcarra participaron en la ceremonia de inicio de obras del aeropuerto de Chinchero. Casi cuatro meses después, Vizcarra renunció al MTC tras afirmar que el contrato se anularía. (Foto: Archivo El Comercio)
En febrero, PPK y Vizcarra participaron en la ceremonia de inicio de obras del aeropuerto de Chinchero. Casi cuatro meses después, Vizcarra renunció al MTC tras afirmar que el contrato se anularía. (Foto: Archivo El Comercio)
Javier Albán

Poco antes de presentar su carta de renuncia como ministro de Transportes, anunció que dejaría sin efecto el contrato y la adenda 1 para la construcción del aeropuerto de , firmados en el gobierno anterior y en su gestión, respectivamente.

Sin embargo, días después el primer ministro Fernando Zavala indicó que había tres posibles desenlaces para el contrato: que el Estado lo resuelva unilateralmente, que lo mismo ocurra por mutuo acuerdo o que se renegocie. Y anteayer, el sucesor de Vizcarra en el MTC, Bruno Giuffra, dijo que se acordó con el concesionario Kuntur Wasi ampliar por tres meses el plazo de suspensión de la adenda.

Más allá de estas idas y vueltas, la única alternativa que tiene hoy el Estado para el futuro del contrato, que no requiere la aprobación de Kuntur Wasi, es la resolución unilateral. No obstante, según la opinión de especialistas, a la empresa podría convenirle que el Ejecutivo opte por este camino.

Si se sigue esa ruta, la indemnización que tendría que pagarse, sugieren los expertos, sería mayor a los US$40,6 millones de supuesto perjuicio económico que, según el informe de la contraloría, asumiría el Estado si se ejecuta la adenda.

Optar por la resolución unilateral obligaría al Estado a pagar US$8,6 millones por la garantía de fiel cumplimiento pactada en el contrato.

Pero además, si Kuntur Wasi decidiese cuestionar esa decisión y acudir a un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), “[el caso] lo tendríamos 100% perdido”, asegura el especialista en arbitraje Raúl Barrios, socio de Barrios & Fuentes Abogados.

“El Estado tendría que indemnizar el daño emergente [los costos en los que el concesionario ya ha incurrido] y también el lucro cesante [la expectativa de ganancia que tenía el concesionario]”, explica el abogado.

“Por lo que se sabe, no hay hasta ahora una sola referencia a un supuesto incumplimiento de Kuntur Wasi que justificara [la resolución del contrato]”, comenta Fernando Cantuarias, especialista en arbitraje y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. “De ser así, quien patea el tablero tiene que indemnizar, sin duda”, agrega.

Otros especialistas consultados, que prefirieron no ser mencionados, coincidieron con esas conclusiones.

—Costo total—
Según información de “Semana Económica”, hasta hace unos meses la inversión que Kuntur Wasi ya hizo en el proyecto supera los US$32 millones. El monto de la indemnización por el daño emergente, por ende, sería superior a esa cantidad. Solo dicha cifra, sumada a los US$8,6 millones de la garantía de fiel cumplimiento, alcanzaría un monto cercano a los US$40,6 millones de supuesto perjuicio económico para el Estado advertidos por la contraloría si se ejecuta la adenda.

La segunda parte de la indemnización, el lucro cesante, sería más compleja de determinar. Cantuarias advierte que, dado que la obra aún no se ejecuta, para Kuntur Wasi sería más difícil sustentar el monto de la expectativa razonable de ingresos que podría reclamar.

Durante su interpelación en el Congreso, Vizcarra dijo que el monto del lucro cesante podría ser similar al costo del proyecto (US$264,8 millones, según el contrato). Sin embargo, Kuntur Wasi podría reclamar una cifra mayor, y el monto final de la indemnización tendría que determinarse en el arbitraje.

El Comercio se comunicó con el MTC y Kuntur Wasi, pero prefirieron no declarar.