22 de septiembre del 2014 17 °C

A balazos: Trabajadores de azucarera Pucalá impidieron el ingreso de administradores judiciales

Fracotiradores agazapados en unos cañaverales dispararon 37 veces con escopetas y fusiles AKM para que no se cumpla la diligencia. Esta se suspendió por falta de garantías

La carretera que conduce al ingenio azucarero de Agro Pucalá estuvo a punto de teñirse de sangre la mañana de ayer. Felizmente, ninguno de los 37 disparos de armas de guerra efectuados por francotiradores impactó contra el contingente de 150 policías que se dirigía a la zona junto con la jueza de Paz de Pátapo, Marielena Ordinola, y un grupo de periodistas.

Todo esto ocurrió en el sector conocido como la Curva de San Alfonso, cerca del puente Regalado.

Ordinola tenía como misión hacer cumplir la orden de reposición de los administradores judiciales de Agro Pucalá , Juan Núñez Cabrera y Marcos Bustamante. Ellos pertenecen a la empresa Cromwell Assets (que maneja el 51,43% del accionariado de Pucalá), y esta empresa, a su vez, tiene vínculos con el Scotiabank. El Comercio trató de comunicarse con el banco, pero no hubo respuesta.

Ante esta situación, la diligencia se suspendió. El jefe de la Dirección Territorial Policial de Lambayeque, coronel José Félix Núñez León, ordenó la retirada de los policías y consideró que no había garantías.

Aunque no hubo heridos, la tensión se apoderó de la zona. La policía informó que los atacantes, escondidos en medio de cañaverales ubicados a ambos lados de la carretera, utilizaron escopetas y fusiles AKM desde 600 metros. A esa misma distancia se podía observar a un grupo de trabajadores de la empresa. El suboficial Jimmy Vigo Guevara salvó de recibir un balazo en la región torácica; un proyectil perforó su escudo protector.

CONFLICTO DE INTERESES

Diversas fuentes consultadas por este Diario sostienen que la crisis en Agro Pucalá nace de un conflicto de intereses entre los integrantes del Consorcio Líder Azucarero del Norte (CLAN), que en sus inicios estuvo integrado por Olivio Huancaruna Perales, Ernesto Flores y Carlos Roncal.

Ellos habían ingresado en el 2006 a Pucalá como socios estratégicos de la agroindustrial, gracias a que unos mil trabajadores solicitaron judicialmente a un administrador que se hiciera cargo de la empresa, debido a que esta se encontraba acéfala.

Durante casi cinco años, los administradores judiciales estuvieron al mando de la empresa sin problemas, pero el punto de quiebre se produjo el 29 de marzo del presente año, cuando Carlos Roncal decidió atrincherarse en Pucalá y evitar el ingreso de los dos administradores judiciales. Una de las razones que habría motivado a Roncal a llevar a cabo esta drástica medida sería el alto precio que el azúcar alcanzó en los últimos meses en nuestro país.

Al mismo tiempo, Huancaruna se convirtió en inversionista de Cromwell Assets.

El asesor legal de la empresa Agro Pucalá, Max Ayora Inoñán, explicó que el interés de Roncal es beneficiarse con la comercialización de las 8.000 bolsas diarias de azúcar que venía produciendo la empresa.

Esta es la cuarta vez que se frustra la reposición de los dos administradores judiciales. Esta medida ha sido dispuesta por el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo.

Max Ayora recordó que en el año 2006, en vista de que la propietaria mayorista decidió no administrar la empresa, el juzgado emite una administración temporal que disponía que se restableciera la actividad de la fábrica y que se invirtiera en cultivar las tierras.

“Desde entonces se cuentan ya tres órdenes judiciales, pero no se ha logrado evitar la usurpación. Han sido tres intentos truncos de recuperar la empresa debido a la inacción de la policía”, sostuvo.

Lo ocurrido ayer, agregó Ayora, es una prueba de que no existen las garantías de seguridad para que prevalezcan las medidas dictadas por el juzgado local. “Los ataques fueron perpetrados por gente asalariada, delincuentes con armas de guerra cuyo único interés es pretender mantener en Pucalá a quienes se han apropiado de la empresa”, dijo.