Caso PUCP: las posiciones del Arzobispado y Rectorado tras fallo del Vaticano

El cardenal Juan Luis Cipriani les pidió ayer a las autoridades universitarias admitir que se equivocaron. Hoy Rubio dijo que no dependen del derecho canónico

Caso PUCP: las posiciones del Arzobispado y Rectorado tras fallo del Vaticano

Luego de que el Vaticano le notificara a la PUCP que tiene prohibido utilizar los títulos “pontificia” y “católica” tras no adecuar sus estatutos a la constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae, las reacciones en Lima no se hicieron esperar. Primero fue el cardenal Juan Luis Cipriani, quien el sábado les pidió a las autoridades universitarias reconocer sus errores.

A través de su programa radial “Diálogo de fe”, el arzobispo de Lima afirmó que no se siente ganador por la decisión que adoptó la Santa Sede y dijo no ser responsable de esta. Agregó que es “falso” y constituye un ataque a la Iglesia cuando se dice que esta pretende quedarse con los bienes de la institución educativa.

Cipriani sostuvo, además, que el Vaticano dejó en claro que la obligación legal de la universidad no termina con la medida de retirarle los títulos y que no renuncia al derecho de tener una universidad católica.

“NO NOS REGIMOS POR EL DERECHO CANÓNICO”
Un día después de las declaraciones del cardenal, el rector de la PUCP, Marcial Rubio, sostuvo que la universidad no se rige bajo el derecho canónico, sino respetando la legislación peruana.

“No es la mejor muestra de tolerancia y respeto a las libertades que se decrete que una universidad católica no puede llamarse como tal, pero que sus bienes materiales sí”, manifestó en una entrevista con una publicación interna del centro de estudios.

La autoridad universitaria también manifestó que la PUCP tiene registrada la denominación de Pontificia Universidad Católica del Perú. “A través de él somos reconocidos nacional e internacionalmente. Tenemos el pleno derecho a seguir utilizándolo mientras lo consideremos conveniente”, sostuvo.

Rubio expresó que ante “la gravedad” de los términos planteados por el reciente decreto del Vaticano se verán obligados “a revisar la relación estatutaria que mantenemos” con la Iglesia.