MARTÍN LEÓN ESPINOSA

El ministro Luis Castilla anunció que en la ley de presupuesto se incluyó una norma para complementar la protección a funcionarios ante eventuales demandas de entes como la contraloría por decisiones en inversión pública. El temor a las denuncias provocaría que los funcionarios duden al tomar decisiones que agilicen las inversiones. Esto no es nuevo. La ley ya contempla y le permite al funcionario público tener la discrecionalidad. Puedo afirmar categóricamente que la contraloría no traba las inversiones.

¿Entonces por qué se traban las inversiones? Si hay parálisis en la inversión pública no es por la contraloría sino por falta de capacidad de gestores debido a políticas de recursos humanos deficientes y la mediocridad.

¿Y qué se puede hacer para prevenir actos de corrupción? Una solución es la prevención y educación. Otra, aumentar las penas. La contraloría ha presentado proyectos de ley para atacar el problema.

¿Atacar qué? Al corrupto. Hay que revalorizar al funcionario. ¿Por qué este es considerado uno de segunda categoría? Necesitas un sueldo decoroso para vivir tranquilo y no meterte en problemas. Pero la gente vive angustiada porque no le alcanza el dinero.

¿Un salario decoroso como el suyo? El mío es totalmente legal. El presidente se dio cuenta de la mala decisión tomada en el pasado y ahora se paga S/.25.000 a los funcionarios de puestos claves.

A raíz del Caso Urtecho el Congreso autorizó que la contraloría fiscalice sus gastos. Nos solicitaron personas para fortalecer su oficina de control. Le dimos dos profesionales de primer nivel, expertos en contrataciones, pero la decisión no es suficiente para garantizar la independencia del uso de los recursos del Legislativo porque el jefe de la oficina de control depende de la Mesa Directiva, no del contralor. Hemos recibido proyectos de parlamentarios para cambiar eso. Hasta ahora esperamos la respuesta del presidente del Parlamento.

¿Qué respuesta? Que cambie la norma. Porque su reglamento dice que la Mesa Directiva designa al jefe de control. Y eso debe modificarse.

Es decir, en la práctica En la práctica la ley me prohíbe dirigir el control del Congreso.

¿Pero los controladores que envió siguen ahí? Pero su jefe es el Parlamento. Están destacados, más no me reportan.

Si pasa algo como el caso de Urtecho No sé lo que está pasando en el Congreso, en qué, cómo y cuánto se gasta.

¿La contraloría investiga las compras del Ministerio del Interior durante la gestión de Fernando Rospigliosi, entre los años 2001 y 2002? En mayo, la Comisión de Inteligencia del Congreso nos pidió los resultados de las acciones de control de los gastos de inteligencia de los últimos 10 años. Respondimos y entregamos los informes de las auditorías. En los documentos no estaban el 2001 y 2002. Inteligencia nos preguntó qué pasó. Revisamos y no había informe. Sí hallamos un documento que decía que hubo actividad en esos años, y luego otro documento donde se suspende. La comisión pidió revisar lo actuado. Eso es todo. Estamos cumpliendo. No sabemos qué vamos a encontrar.

Rospigliosi dice que el presidente Ollanta Humala está detrás de la investigación. Rechazo tajantemente sus declaraciones. La contraloría no trabaja políticamente. Somos una entidad autónoma.

El ministro Cateriano dijo que las compras secretas del gobierno solo fueron para las bases antisubversivas. Así es.

Sobre las compras militares secretas, primero debe haber opinión previa de ustedes. Este año emitimos cinco opiniones previas: tres del sector Defensa y dos del Interior. Por un monto de S/.50 millones.

¿Qué opina de los acuerdos de gobierno a gobierno? Las compras de gobierno a gobierno no están reguladas en la ley de contrataciones y deberían estudiarse y regularse. La agencia de compras ayudará.

Mientras no esté regulado, se puede abusar de su uso Cualquier cosa no regulada, en operaciones tan grandes como esa, es susceptible de interpretación. Cuando usamos recursos públicos, no podemos dejar a la suerte de la interpretación una operación como las compras de un satélite o aviones.