La Contraloría General invocó a los funcionarios públicos para que mantengan la neutralidad en el proceso de revocación a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

El órgano de control precisó en un comunicado que en el desempeño de sus funciones todo servidor debe actuar con absoluta imparcialidad política y económica.

Los funcionarios que infrinjan este deber son pasibles de sanción, conforme a la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública”, mencionó la Contraloría.

Recordó que se encuentran vigentes las normas sobre la prohibición de divulgar publicidad estatal durante los procesos electorales, así como del uso de locales institucionales, infraestructura, vehículos y útiles de oficina.

Asimismo, todo funcionario o servidor público está prohibido de realizar actividades de proselitismo político dentro de los horarios de trabajo o en el ejercicio de sus funciones, ya sea a favor o en contra de autoridades.