Cuculiza dice que esterilizaciones durante el fujimorismo fueron "totalmente voluntarias"

Reelecta congresista afirma que testimonios de mujeres afectadas “son un decir”. También llama “faltoso” a Mario Vargas Llosa

(Panamericana TV)

La congresista reelecta por Fuerza 2011, Luisa María Cuculiza, se pronunció hoy sobre las denuncias de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Al ser consultada si se sentía aludida con el tema teniendo en cuenta que en esa época era ministra de la Mujer, respondió que “para nada” y, por el contrario defendió las que en su momento se denominaron Anticoncepciones quirúrgicas voluntarias (AQV).

“(…) la campaña sí existió, pero no de la manera como la presentan, no fue forzada, a nadie en sus cuatro cabales lo meten a una sala de operaciones a la fuerza, no me vengan a decir eso, es imposible, la señora y el esposo tienen que firmar la autorización después de tener cuatro, seis, siete hijos”, señaló en entrevista al programa “Buenos días Perú”.

Cuculiza también minimizó los testimonios de las mujeres que fueron afectadas por estas intervenciones (una de ellas murió tras la operación). “Eso es un decir, porque también hay mujeres que dicen gracias porque dejaron de tener hijos (…) fue totalmente voluntario”, agregó.

En otro momento pidió disculpas al cardenal Cipriani por estar a favor de los métodos anticonceptivos. “Ya no estamos para usar solo el método natural, que me disculpe monseñor Cipriani, pero la mujer no puede dar a luz después de un momento de borrachera, ‘choque y fuga’ o una violación”, dijo.

Cuculiza también llamó “faltoso” a Mario Vargas Llosa por haber cuestionado al cardenal en un artículo publicado en “El País”.

ANTECEDENTES
En 1996 el gobierno de Alberto Fujimori puso en marcha una agresiva campaña de planificación familiar; sin embargo, a escasos días las pacientes denunciaron que eran esterilizadas con engaños y sin su consentimiento.

Este Diario informó que estas operaciones se practicaron a unas 200 mil mujeres de los sectores pobres y según indicios detectados por el gobierno de Alejandro Toledo fueron dirigidas desde el despacho de Fujimori hasta el 2000.

El caso de una de las víctimas mortales, Mamérita Mestanza, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella murió luego de ser operada y la CIDH obligó al Estado a indemnizar a los familiares y sancionar a los responsables.

Sin embargo, esto último no fue posible porque las denuncias fueron archivadas en el Ministerio Público.