La cúpula de Sendero Luminoso debe una reparación civil de 3.700 millones de soles, monto tres veces mayor de lo que deben pagar los condenados por corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori que asciende a mil millones de soles, reveló hoy el procurador antiterrorista, Julio Galindo.

Explicó que esta cifra fue un estimado elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República, por el daño que causó al país Sendero Luminoso en las décadas del 80 y 90 y la consiguiente destrucción de la infraestructura pública del país.

El procurador indicó que el Estado usará todos los mecanismos legales para hacer efectivo el pago de la reparación civil que deben honrar en forma solidaria los cabecillas en prisión de este grupo criminal, entre ellos Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre Revoredo, condenados a cadena perpetua.

Junto a ambos también están obligados a pagar la indemnización los integrantes de la cúpula senderista como María Pantoja, Laura Zambrano, Margie Calvo, Osmán Morote, Martha Huatay, Óscar Ramírez Durand, entre otros.

Cuando se fijó ese monto nadie pensó que se podría cobrar un centavo, ahora estamos cobrando, vamos a hacer todos los esfuerzos para que el Estado haga valer sus derechos a través de los embargos, declaró Galindo.

EMBARGO DE PROPIEDADES En ese aspecto, la procuraduría antiterrorista embargó en Lima tres propiedades a Elena Iparraguire, sindicada como la número dos de Sendero Luminoso y esposa de Abimael Guzmán, por un monto aproximado de tres millones de soles.

A ello se suma el embargo de una oficina a Martha Huatay en Lima y de nueve inmuebles en Ayacucho heredados por Osmán Morote Barrionuevo, ambos también integrantes del Comité Central de Sendero Luminoso.

El procurador refirió que una de las dificultades que enfrenta su sector para cobrar las reparaciones civiles, es que los sentenciados por terrorismo no registran propiedades a su nombre porque actuaban en la clandestinidad.

En el caso de Guzmán, Galindo indicó que están en pleno proceso de investigación para ubicar bienes que puedan ser embargados.