Editorial de El Comercio: Fuero militar debe juzgar caso de espionaje

El proceso del suboficial FAP Víctor Ariza debe verse ahí al tratarse de “un delito de función, cometido por un oficial en actividad”

Si bien el fuero común ha tomado conocimiento inicial del caso de espionaje que "involucra preliminarmente al suboficial FAP Víctor Ariza":http://elcomercio.pe/noticia/370506/confesiones-espia-victor-ariza-opero-impunemente, es inminente una contienda de competencia por parte del fuero militar, al que correspondería ocuparse de este delicado y complejo proceso. Por principio, como manda la Constitución Política del Estado, propugnamos la preeminencia, unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Sin embargo, como también estipula el orden constitucional (art. 139), hay regímenes excepcionales, como el fuero privativo militar y el arbitral, que se aplican a casos determinados para servir al mismo y crucial objetivo de administrar justicia. Así lo entienden no solo las autoridades militares, sino también los juristas independientes y las máximas autoridades del Poder Judicial, como el doctor Javier Villa Stein. Él ha declarado que el fuero militar sería el más indicado para este caso y que, en la eventualidad de una contienda de competencia, el Tribunal Constitucional tendría que decidir en este sentido. ¿Por qué? No están en duda las capacidades de uno u otro fuero, sino que se trata de un asunto de competencias, por tratarse de un delito de función, cometido por un oficial en actividad y que afecta la esencia misma de la actividad, operatividad y objetivos de las instituciones militares y la defensa nacional. De allí que sería imposible que delitos tan graves como los de espionaje, traición a la patria y contra la seguridad nacional sean ventilados en fueros no militares, pues estos conocen mejor la materia de fondo. Esto es aun más exigible cuando todo apunta a la existencia de una red más amplia de espionaje en ciertos niveles militares peruanos, lo que aún debe ser esclarecido en su profundidad, matices y alcances. Para ello el fuero privativo debe actuar con estricta sujeción al orden legal, tanto al conformar los tribunales como a la hora de aplicar las normas, observar el debido proceso y dictar sentencias que deben ser severas y acordes a la gravedad de los delitos. A propósito de todo ello, el Código de Justicia Militar Policial contempla pena privativa de la libertad no menor de veinte años para los delitos de traición a la patria en tiempos de paz. En suma, queda claro que los fueros privativos militares existen precisamente para ciertos delitos de función, como los comentados, y no para crímenes comunes, como se pretendió hacer, de modo absurdo, durante el régimen fujimontesinista, lo que mereció la más firme condena y corrección del sistema supranacional, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, como un medio de comunicación independiente y responsable, tenemos que recordar a los jueces que finalmente vean el caso de espionaje que deben hacer uso, pero no abuso, de la reserva que un caso como este amerita. La transparencia debe ser la norma y solo puede ser limitada por razones estrictamente motivadas y justificadas.