El Ministerio Público ya inició las investigaciones sobre los audios que involucran a César San Martín, ex titular del Poder Judicial, así como a los ministros Pedro Cateriano y Juan Jiménez, con una presunta presión a la jueza Carmen Rojjasi, quien tenía bajo su responsabilidad el Caso Chavín de Huantar.

El fiscal José Pelaez Bardales dijo que ya se solicitó el contenido del registro para establecer si los hechos ahí detallados tienen contenido penal o revisten solo un análisis de tipo político. No obstante, remarcó que se trata de una prueba inválida pues fue obtenida sin el permiso de las personas que participaron de una reunión. “Es lo que se llama la prueba ilícita y eso dentro del campo jurídico no tiene efecto”, puntualizó.

Peláez consideró que durante la difundida charla los representantes del Estado y Poder Judicial no presionaron a la jueza Rojjasi para que falle en favor de lo que le convenía al Estado respecto de las supuestas ejecuciones extrajudiciales en la operación militar de 1997. Ello habida cuenta que el Estado había sido denunciado ante la CIDH por no haber emitido sentencia en nueve años de proceso sobre el particular.

Según precisó Peláez, San Martín “no hace una indicación directa” a la magistrada, sino solo que revise bien pues tiene que dar una sentencia bien fundamentada. “Los poderes o los representantes de los poderes pueden reunirse, pueden hacer consultas, intercambio de ideas, pero esto no significa que las personas estén presionando para que se resuelva en tal o en tal sentido”, manifestó.