La ministra de Educación, Patricia Salas, soportó ayer alrededor de 12 horas de sesión interpelatoria ante el pleno del Congreso. Durante su exposición, la alta autoridad del Gobierno detalló que aplicar la ley de reforma magisterial costará 720 millones de soles anuales, negó que su despacho tenga sujeción al Sutep y condenó a los docentes vinculados al pro senderista Movadef.

Según informó El Comercio, al final de la jornada, pasada las 11 de la noche, la bancada fujimorista tenía ya redactada una moción de censura en contra de Salas, pero el documento todavía no tenía firmas.

“El Sutep ha hecho claudicar a la ministra. No debemos permitir que continúe una ministra que ha demostrado total incapacidad”, dijo el portavoz de Fuerza 2011, Héctor Becerril. Antes, los congresistas Pedro Spadaro y Segundo Tapia habían señalado que la titular de Educación debía dar un paso al costado.

En una de sus últimas intervenciones ante el pleno, Salas descartó que exista un pacto o compromiso con el Sutep para dejar sin efecto la Ley de Carrera Pública Magisterial.

Finalmente, la ministra reveló que varios dirigentes del Conare Sutep son investigados en la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima.

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