Gabriel Prado renunció para "no ser un factor de perturbación" al No

El ex gerente de Emape y Seguridad Ciudadana se defendió de acusación por alquiler de circulinas para vehículos que están inactivos. Dijo que aceptará las investigaciones del caso

Gabriel Prado renunció para "no ser un factor de perturbación" al No

El ex gerente de Emape Gabriel Prado afirmó esta tarde que renunció a su cargo para “no ser un factor de perturbación” en la campaña por el No a la revocación de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y los 39 regidores del Concejo Metropolitano.

Prado, quien también fue gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna, presentó su dimisión ayer luego de que el domingo “Cuarto Poder” revelara que ordenó el pago de 40 mil soles para alquilar circulinas por seis semanas para vehículos del serenazgo que hasta la fecha están inactivos.

El lote de unidades no puede ser usado por el Serenazgo de Lima porque los vehículos no tienen placa, ni SOAT, ni documento de propiedad, según el reportaje.

En diálogo con Radio Capital, Prado explicó que la empresa con la que se firmó contrato es la encargada de gestionar las placas y la tarjeta de propiedad, mientras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones entrega el SOAT.

“No podemos sacar los autos a la calle sin estos documentos. No hay abandono de las unidades, porque en los próximos días ya circularán. Hay un tema administrativo, pero no hay corrupción, acá nadie se ha enriquecido”, se defendió.

En ese sentido, consideró que la denuncia presentada ante la fiscalía por los promotores del Sí contra Villarán y él no tiene sentido ni sustento.

Detalló que los autos fueron comprados sin las circulinas, porque así eran más económicos. Y que la instalación de estas se iba a realizar por medio de otro proveedor. Este debía ser elegido por medio de concurso público, sin embargo, no se podía convocar a este hasta que los vehículos cuenten con la tarjeta de propiedad.

“El proceso de licitación duraría entre tres a cuatro meses. Por eso alquilamos las circulinas 45 días calculando que nos entregarían a la brevedad los documentos necesarios para que las patrullas salgan a las calles. No queríamos que las unidades estén paradas (…) Hubo error de la empresa por la demora y nosotros por no presionar”, reconoció.

Finalmente, señaló que está dispuesto a ser investigado por la Comisión de Seguridad Ciudadana del Concejo Metropolitano. “Este es un tema inminentemente político y hay que responder políticamente con hidalguía y con decencia”, acotó.