Jefe del INPE: “En el 2012 se requieren dos penales más”

MARIELLA BALBI El Comercio

José Pérez Guadalupe tiene la extraña pasión de visitar las cárceles, y esto desde hace 25 años, cuando era estudiante de teología. Es criminólogo de profesión y su visión es a mediano plazo. En lo inmediato está abocado a conseguir más presupuesto e iniciar un bloqueo eficiente de los celulares en las prisiones. Merece el apoyo del gobierno y de la sociedad.

Habrá escuchado que las cárceles peruanas son verdaderas escuelas de delincuencia, desde donde se preparan secuestros, atracos… No se puede generalizar, hay que diferenciar. Por ejemplo, Lurigancho hace dos años tenía 12.000 reclusos, hoy hay 6.000, pero está preparada para 3.200. Cuando hay hacinamiento, la rehabilitación es mucho más difícil. El penal Sarita Colonia tiene capacidad para 572, pero hay 2.079. En Castro Castro hay 1.800 y tiene capacidad para 1.200. Son tan solo 600 personas más. Es ‘manejable’.

¿Le parece poco? La población penal excedente es de 23.000 presos, no hay infraestructura diseñada para ellos. El nivel de sobrepoblación en Castro Castro es, digamos, ‘manejable’. Pero es una exageración decir que todo se prepara en las cárceles…

En la mayoría… Como le digo, no generalicemos. La delincuencia repite su organización en las cárceles y ahora se expresa afuera a través de la tecnología celular. Mientras no se pueda controlar el tema de los celulares habrá mucha conexión. En lo que va del año, el INPE ha incautado 3.000 celulares. Todos los días recibo informes de decomiso, pero no es solo eso, también está el tema de los chips, un teléfono usa cuatro o cinco. Cada chip es un número.

¿No hay manera de controlarlo? ¿Es tan caro? Estamos analizando las diferentes propuestas. La más económica es de 750.000, 850.000 dólares, solo para el equipo instalado. Hay que sumarle el mantenimiento anual y el personal por asignar. En Piedras Gordas I hay 14 bloqueadores, un empleado apaga uno y perdemos control. El congresista Renzo Reggiardo nos alcanzó la propuesta de un sistema. No quiero adelantarme porque estamos evaluando todo, la tecnología china, japonesa, coreana, en fin. Otro tema es el de las videoconferencias. Por ejemplo, anteayer en Trujillo se pelearon dos bandas y realizamos 11 traslados al penal de Piedras Gordas. Ayer hicimos una requisa en el penal de Picsi, en Chiclayo, estamos recuperando la autoridad. En un solo pabellón que se supone es de máxima seguridad hemos encontrado 54 televisores, 37 DVD y 30 celulares, además de chips.

¿Los chips se venden tan alegremente? Se compran en la Cachina de Lima, de Trujillo, de Chiclayo. Osiptel ya sacó una norma, estamos reuniéndonos esta semana con Movistar y Claro.

¿La posibilidad de rehabilitarse en una cárcel peruana no es nula? Yo he trabajado 25 años con la Pastoral Carcelaria Católica y conozco muchísimos casos de rehabilitación. Hay posibilidades. La deficiente infraestructura es un caldo de cultivo para una socialización negativa, como Lurigancho. Piedras Gordas II puede albergar a 2.300 presos. Son cuatro minipenales. Dentro de cada uno hay dos pabellones y estos tienen dos alas, cada una con dos pisos. En el peor de los casos el reo se socializa, cumple su condena con 60 a 70 personas. Si se hace una buena clasificación penitenciaria y se mantiene, la rehabilitación funciona. En Lurigancho puedes hacer la mejor clasificación, pero los presos se agrupan por barrio. El pabellón 1 es de los ‘árabes’…

¿Los ‘árabes’? De Villa El Salvador, están en el desierto, ‘árabes’ o ‘camellos’. El pabellón 4 es de los ‘vikingos’, de La Victoria, el 6 de San Martín de Porres, el 8 de Chorrillos, el 10 de Surquillo y el 12 de Ciudad de Dios.

¿Esta autoorganización no la puede manejar el INPE? Ese penal está a cargo de la policía, nosotros hacemos la rehabilitación.

¿Cómo puede seguir habiendo todo tipo de regímenes administrativos…? Diez penales están a cargo de la Policía Nacional externa e internamente. El único grande es Lurigancho, los demás son pequeños. A cargo del INPE, interno y externo, hay 25 penales. Y los mixtos son 31, la PNP está en los alrededores y el INPE en el interior. En 1987 se crea el INPE, pero no estaba en la capacidad de asumir todos los penales. La policía participa por emergencia. Castro Castro estuvo a cargo de la policía y ahora el INPE tiene el manejo interno. Cuando el instituto tiene personal para asumir un penal, lo hace.

¿Es un problema presupuestal? Sí. La policía quiere salir de los penales y el INPE dirigirlos, pero no se puede. No hay personal porque no hay dinero…

Un círculo realmente vicioso… Le doy un dato para que se termine de escalofriar: tenemos 23.000 presos de exceso en el sistema penitenciario. Para que el INPE funcione, requeriríamos 3.000 empleados más. ¿Sabe cuántos adicionales tendremos el próximo año?

¿Cuántos? Ninguno. En el papel figuran 500, pero estos ya entraron a trabajar desde junio. Pero este año tendremos 6.000 presos más. Se termina la remodelación del penal de Tarapoto, de Yurimaguas, y el Tarapacá, en Chorrillos, pero igual estaremos desbordados. Además, en lo que va de este gobierno ha aumentado en 2.000 presos la población penitenciaria.

¿Se están aplicando más penas con cárcel? Y está aumentando la delincuencia. Es un fenómeno latinoamericano. La única política criminal que tenemos es más penas y menos beneficios. No me parece adecuado, tiene que haber más prevención y más tratamiento. Con esa política tendremos más presos por más tiempo.

Y más escuelas del delito… Exactamente. El penal de Huaral tiene una capacidad para 823 internos y hay 2.720. Cañete es para 759 presos y hay 2.830. Esto porque se ha pasado internos de Lurigancho, donde no ingresa uno más. El penal de Picsi es para 1.143 y hay 1.581. El de Trujillo se construyó para 1.134 internos y hay 2.009. En los dos últimos el problema no es tanto la sobrepoblación, sino el delito desde la cárcel. Por eso hemos ‘lanchado’ [transferir en jerga delictiva, viene de la época del Frontón, cuando se les trasladaba en lancha] y ‘raqueteado’ [hacer requisas]. No podemos hacerlas en todos los pabellones, pero ya es una señal…

Se dice que el ‘Cholo Jacinto’ opera desde el penal de Puno. Buscamos solucionar el asunto de los celulares. El otro punto en el que estamos trabajando es el de las videoconferencias que le mencioné

Cierto, ¿en qué consiste? En la Comisión de Seguridad Ciudadana informé al presidente Ollanta Humala que habíamos gastado 35.000 soles en trasladar al ‘Cholo Jacinto’. Este dijo que cómo era posible gastar tanto para cambiar a un interno. No me dejó explicarle que se ‘lanchó’ a 40 presos por ese monto. La gestión anterior, y me parece bien, alquiló un fokker Lima-Puno. Trasladarlos por tierra es peligroso y complicado.

¿Le pudo explicar luego al presidente Humala? Aún no he tenido oportunidad de conversar con él. Los internos tienen varios procesos. Pueden estar sentenciados en uno. Si por disciplina se les cambia de Chiclayo a Puno, por ejemplo, hay que trasladarlos para que comparezcan en los otros procesos. Es costoso y peligroso. Hemos conversado con el presidente del Poder Judicial, César San Martín, para que por videoconferencia se desarrolle la diligencia. El movimiento de presos cuesta dinero, incluso entre Piedras Gordas y Lurigancho. También se moviliza la policía judicial.

¿Cuándo se puede concretar esto? Depende de que el Poder Judicial tenga su equipo completo y que contemos con financiamiento para nuestros equipos.

¿Continúa la penosa realidad de que la mayoría de presos no tiene sentencia? El 60% está sin sentencia y 40% tiene condena. En Arequipa es al revés y su penal no tiene gran hacinamiento. En general, en la sierra no hay tanto hacinamiento en las cárceles. La costa es más problemática.

LA FICHA Nombre: José Luis Pérez Guadalupe. Edad: 46 años. Profesión: Criminólogo. También es licenciado en Educación de la Universidad Católica, máster en Teología y doctor en Sociología. Trayectoria: Por 25 años desarrolló una tarea pastoral tanto en el penal de Lurigancho como en otras cárceles del país.