Lanza: “El Estado no puede ampararse en secretos de seguridad”

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, expresa su preocupación por la denuncia penal que interpuso el Ministerio de Defensa contra un grupo de periodistas de “Panorama” por un reportaje que destapaba presuntos malos manejos económicos en el Vraem. 

— ¿Cuál es su lectura de la denuncia que ha interpuesto el gobierno del presidente Ollanta Humala contra un grupo de periodistas?
El caso está en desarrollo, no podría opinar sobre el caso concreto. Sí puedo manifestar una preocupación porque un sector del gobierno haya presentado una denuncia contra periodistas que hacen periodismo de investigación, cuando sabemos que este es clave para el control de la gestión pública, de los gobiernos y del combate a la corrupción, y que permite a la ciudadanía controlar la gestión pública. Si bien los intereses de seguridad nacional son legítimos, el Estado no puede ampararse en los secretos de seguridad en todos los casos, y sobre todo cuando se investigan hechos de corrupción o violación a los derechos humanos.

— ¿Cuál ha sido la posición de la CIDH cuando los estados se amparan en la seguridad nacional? 
En un caso de grave violación a los derechos humanos [Gomes Lund contra Brasil] la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no vale que el Estado interponga un eventual secreto de seguridad nacional para tratar de ocultar el grave delito que cometieron agentes militares. En este caso [el de “Panorama”] es bastante análoga la situación, es decir, si hay un grupo de periodistas que revela una serie de documentos vinculados a la defensa, donde hay aparentes hechos de corrupción, lo que corresponde al Estado es proteger a los periodistas de cualquier riesgo que tengan por esa revelación y, por otro lado, investigar la denuncia. 

— ¿La denuncia del Ministerio de Defensa pone en riesgo la libertad de expresión y de información?
Sí, porque hay un segundo elemento que es un estándar internacional. En varias declaraciones conjuntas hemos repetido que bajo ninguna circunstancia los periodistas que tengan acceso y difundan información reservada sobre temas de interés público, que tienen que ver con corrupción, vigilancia y violación de derechos humanos por considerarse de interés público, pueden ser sometidos a sanciones ulteriores. En este caso estarían sometidos a un proceso que los expone a una sanción. 

— ¿El Estado Peruano estaría violando principios sobre libertad de expresión? 
La denuncia está hecha y hoy como relatoría manifestamos nuestra preocupación por este hecho. Con los elementos que disponemos nos parece que se estarían vulnerando estos principios por el solo hecho de presentarse esta denuncia penal contra los periodistas. Sobre el tema de fondo no tenemos todos los elementos, habrá que esperar que se agoten los mecanismos internos, evidentemente la fiscalía puede archivar el caso. 

— ¿Le han comunicado esta preocupación a nuestro representante ante la OEA? 
Este es un mecanismo que habitualmente utilizan los relatores, es decir pronunciarnos públicamente y esperar la evolución de los casos. Sí repetimos que los periodistas no deben ser objeto de sanciones legales cuando han divulgado información de interés público, aun cuando se trate de información vinculada a la defensa o la seguridad nacional, y sobre todo cuando el objetivo es revelar presunta corrupción. Esta es nuestra preocupación y este es nuestro primer pronunciamiento, veremos la evolución del caso para adoptar otras medidas. También hemos recibido información de la sociedad civil peruana y seguiremos con atención el caso.

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