El Poder Ejecutivo oficializó la ley que establece que la restricción de aplicación de beneficios penitenciarios para determinados delitos graves son de aplicación a los condenados que los cometan a partir de la vigencia de la dichas modificaciones.

Esta norma fue aprobada en segunda votación por el Congreso de la República el pasado 10 de octubre y, según el titular de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, “corrige un error jurídico cometido en la legislatura pasada”.

Este error corresponde a la aprobación de un paquete normativo que endureció las sanciones contra el crimen organizado con efectos retroactivos. Según Eguren, si no se modificaba esta “retroactividad maligna”, el Estado podría ser objeto de acciones judiciales, incluso, en el ámbito internacional.

LA POLÉMICA La aprobación de esta norma generó críticas de parte de la oposición y de diversos especialistas, quienes consideran que beneficia específicamente al hermano del presidente de la República, Antauro Humala.