Luego de cinco semanas desde su aprobación en el pleno del Congreso, la cuestionada Ley de Delitos Informáticos recibió la luz verde de Palacio de Gobierno y fue promulgada hoy, con la firma del presidente Ollanta Humala. Ante su entrada en vigor, los expertos advirtieron que los vacíos e impresiones de la norma pueden afectar la libertad de expresión.

El abogado Erick Iriarte, especialista en temas de internet, sostuvo hoy que la ley tiene muchas ambigüedades en su redacción que la hacen peligrosa.

En diálogo con elcomercio.pe, puso como ejemplo que se castiga hasta con seis años de prisión a los que borren, deterioren, alteren o supriman datos informáticos que no sean suyos, “pero no realizan ninguna valoración sobre en qué tipo de circunstancia debe aplicarse”.

También refirió que la norma debió ser desarrollada luego de que el Perú se suscriba al Acuerdo de Budapest, donde se fijaron lineamientos para combatir la ciberdelincuencia. “El Gobierno no se sumó a este convenio y eso nos deja fuera del entorno internacional, porque este tipo de faltas son transfronterizas”, añadió.

El letrado consideró que la modificatoria del artículo 162 del Código Penal, que establece penas más severas para “el que indebidamente interfiere o escucha una conversación telefónica, se da tras la difusión de un audio, en el que se escuchó al ministro de Defensa, Pedro Cateriano decir que tenía la autorización de Nadine Heredia, esposa del presidente de la República, para la compra de material bélico.

VULNERA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Otro cuestionamiento a la ley viene desde el Consejo de la Prensa Peruana. Hace una semana, su directora Kela León dijo que hay artículos que podrían vulnerar la libertad de expresión y la libertad de prensa.

En comunicación con este diario. León indicó que se aumentan las penas para la interceptación de información pública de carácter reservado, pero sin precisar nada sobre la difusión de la misma, lo cual puede prestarse a cualquier interpretación.

“Debería decirse que la difusión de esa información está penada a excepción de que sea de interés público. Ese vacío puede dar pie a que se afecte la libertad de prensa”, aseguró.

También dijo que los delitos informáticos vinculados con la seguridad nacional suponen con esta norma penas elevadas, pero no hay una definición de lo que se puede considerar información secreta o de seguridad nacional, por lo que podría sancionarse arbitrariamente la difusión de una información secreta.

DERECHOS FUNDAMENTALES Miguel Morachimo, presidente de la ONG Hiperderecho, dedicada a defender las libertades por Internet, dijo que la norma amplía el delito de discriminación a través de las redes, foros y páginas web como una sanción igual a los actos de violencia ejercidos por discriminación. “Ello implica una amenaza a la libertad de expresión en línea, donde cualquier comentario que alguien pueda encontrar discriminatorio puede colocar al autor frente a una investigación penal”, agregó.

“SI SE NECESITAN PRECISIONES, SE HARÁN” Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Heriberto Benítez, admitió que con esta clase de normas, como la Ley de Delitos Informáticos, existe el riesgo de que se afecte la libertad de expresión “sobre todo por la clase de magistrados que tiene el Perú, que hasta ahora no entienden qué significa” este concepto.

“El riesgo no lo veo en la norma, sino en la calidad de los jueces que tiene el país, que podrían ir más allá de lo que establece la ley”, agregó en comunicación con este portal.

Para concluir. Benítez indicó que si alguna norma necesita precisión, se deberá hacer de manera inmediata. “Lo importante es que no se entienda que se busca restringir la libertad de expresión”, acotó.

Lee la cuestionada Ley de Delitos Informáticos, promulgada hoy por el Gobierno.