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Lo que hay que saber sobre la ley de consulta previa: esta semana se debate reglamento

El diálogo con los pueblos originarios ante posibles daños a sus derechos por operaciones extractivas debe tener procesos definidos y claros para sofocar conflictos sociales

Lo que hay que saber sobre la ley de consulta previa: esta semana se debate reglamento

La Ley 29785, o ley de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, pretende ser el mecanismo facilitador del diálogo y coordinación entre el Estado y los pueblos originarios. Ello, con el fin de que operaciones extractivas puedan ejecutarse de forma adecuada o, en último caso, cancelarse, de afectar gravemente los territorios de las comunidades en cuestión.

Con lo cual, la norma puede constituir la herramienta principal para la resolución de decenas de conflictos sociales originados por la resistencia a proyectos mineros, como es el caso de Conga, en Cajamarca.

Esta ley obliga al Estado a consultar a pueblos indígenas ante la posibilidad de leyes (como concesiones para explotación de recursos naturales) que den visto bueno a proyectos extractivos que puedan perjudicarlos. Las partes pueden llegar a acuerdos y entonces estos son obligatorios para ambas. También pueden no llegar a un acuerdo: en estos casos, es el Estado el llamado a tomar una decisión, consecuente con la protección de los derechos de los pueblos originarios (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo). Aun así, el derecho a consulta no es derecho a veto a proyectos, de acuerdo al viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra.

Sin embargo, las “zonas grises” de la ley están referidas a la aplicación de los criterios para reconocer a una población como pueblo indígena u originario. Estos criterios son: descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional; estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio; instituciones sociales y costumbres propias; patrones culturales y modo de vida distintos a otros sectores.

El proceso de consulta puede surgir del Estado, al reconocer las medidas legislativas que puedan vulnerar los referidos derechos colectivos, o a pedido de los pueblos originarios. La difusión de la información y el diálogo en sí corren por cuenta del sector gubernamental con cuya firma se promulgue la ley a ser consultada.

A pesar de que la ley está vigente desde el 6 de diciembre de 2011, el reglamento de la norma —que es el documento que establece los procesos con que esta debe ser aplicada— no existe aún.

Esta semana, el Consejo de Ministros debatirá la versión del reglamento ya, para su promulgación. Sin embargo, y a pesar de que el reglamento ha sido redactado tras un proceso de escucha de diversos puntos de vista al respecto, organizaciones de pueblos indígenas y originarios presentarían 5.000 firmas a favor de una acción de inconstitucionalidad ante Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 29785; además de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos grupos sí exigen que los proyectos sean cancelados cuando la población consultada así lo pida al Estado.

Los próximos días serán decisivos para la inmediata implementación de la ley, que pueda evitar la convulsión social por protestas antimineras en varios puntos del país. Hacia fines del año pasado, el informe de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales revelaba que de los 217 conflictos sociales registrados en octubre, el 57,1% (124) era de naturaleza socioambiental.