El Tribunal Constitucional (TC) habría sido sorprendido por la demanda de ejecución del pago de la deuda agraria, presentada a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, advirtió hoy el saliente magistrado Fernando Calle.

Ayer el decano del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), Carlos Herrera Delcalzi, señaló que ese gremio profesional no presentó la demanda de manera institucional, sino que lo hizo una persona que usó el nombre del colegio.

“Estoy sorprendido y sumamente preocupado, es una denuncia grave. Haber tomado el nombre del Colegio de Ingenieros para tal demanda… donde está en juego el dinero de todos los peruanos”, refirió.

Al ser consultado respecto a si este hecho podría hacer volver a fojas cero la resolución ejecutoria que ordena el pago de los bonos de la reforma agraria, Calle dijo que, si bien el TC no puede anular sentencias, se ha visto que “muchas veces estas sí se han anulado”.

No obstante, indicó que ello es algo que le compete resolver a quienes han elaborado la resolución ejecutoria en mayoría, la cual dispone honrar la deuda de los bonos de la reforma agraria, heredada del régimen velasquista, hace 44 años.

“Ellos son los que tienen que absolver, si se ha presentado alguna nulidad o algo dentro del plazo de ley (…) Supongo que se habrá presentado bajo la sola sospecha, para que no pase el término de ley para presentar recién alguna documentación”, dijo en diálogo con Radio Nacional.

“SON PALABRAS MAYORES” Tras explicar que los colegios profesionales sí están facultados para presentar acciones constitucionales, el saliente magistrado expresó su preocupación por el que podría ser el desenlace de esta resolución ejecutoria, a raíz de lo revelado por Herrera Descalzi.

“El que tiene el documento es el que cobra; y el acreedor el que exige. Pero si dicen (en el CIP) que no tenían siquiera la representación de los bonistas ni la personería de quienes han acudido (al tribunal), son palabras mayores”, reconoció Calle.

NO HUBO ACUERDO Según Carlos Herrera Descalzi, la demanda de ejecución de la sentencia de bonos agrarios fue presentada ante el Tribunal Constitucional sin un acuerdo interno del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), lo que a su juicio “se trata de una irregularidad”.

“Una petición de esa naturaleza sólo pudo haberse tomado mediante acuerdo asentado en las actas del consejo nacional y del congreso de consejos departamentales, máxima autoridad del colectivo. En los libros no encontramos ningún acuerdo al respecto”, acotó.