El viceministro de Políticas y Evaluación Social, Juan Pablo Silva, negó que en el 2012 se hayan perdido S/.900 millones en los programas sociales debido a filtraciones, como denunció el director de Desarrollo de la Universidad del Pacífico, Enrique Vásquez, en una entrevista con El Comercio ayer lunes.

Aunque reconoció que existen filtraciones en los programas sociales, aseguró que el estudio de la universidad que identifica el problema “no calza con los números que maneja” el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Sin embargo, no especificó cuáles son esos números.

Debido a las filtraciones, afirmó que el Midis trabaja en un nuevo método o sistema de focalización e identificación de la pobreza, el cual estará listo antes de fin de año.

“Por definición todo puede mejorar. Estamos trabajando en la mejora del sistema de focalización, el cual funciona bien. No perfecto. El sistema requiere reformas estructurales. Estamos trabajando en eso”, afirmó Silva a El Comercio.

Señaló que la principal modificación en el nuevo sistema es que no sirva únicamente para encontrar a los infiltrados (personas que erróneamente acceden a beneficios de programas sociales), sino también para identificar a personas en condición de pobreza no registradas.

PROVEEDORES DEL ESTADO En la entrevista con El Comercio, Enrique Vásquez también afirmó que, para atender Qali Warma, el Estado contrató proveedores sin experiencia. Según el especialista, siete u ocho proveedores, a los que se les adjudicaron S/.4’000.000, no tienen RUC. Además, aseguró que el 47% de personas naturales nunca contrató con el Estado. Entre las empresas, fue el 45%.

Al respecto, la viceministra de Prestaciones Sociales, Paola Bustamante, señaló que todos los proveedores tienen RUC. “Los proveedores cuentan con todos los requisitos que se pidieron en los procesos y en los concursos, y están cumpliendo el trabajo”, dijo a este Diario.

Precisó que, de los 445 proveedores del programa, 200 son personas naturales, 200 personas jurídicas y 45 bajo la modalidad de consorcio. No especificó cuántos han contratado por primera vez con el Estado.

Recordó que, de las 3’400.000 raciones diarias de desayunos que se entregaron en los últimos ocho meses, hubo 17 denuncias públicas.