A cuatro das de su publicacin, y luego de ser anunciada por el presidente Ollanta Humala en su mensaje a la nacin como una medida importante para la lucha contra la extorsin y el secuestro, la norma que permite a la Polica Nacional (PNP) acceder a la localizacin de los equipos mviles utilizados en la comisin de un delito ha generado polmica.

El Decreto Legislativo 1182, publicado dentro de la delegacin de facultades, permite a la PNP, sin necesidad de una orden judicial, requerir a las empresas operadoras de telecomunicaciones del pas la localizacin y geolocalizacin de celulares u otros equipos de comunicaciones para obtener la ubicacin de una persona que cometi un delito.

Para que ello ocurra, debe tratarse de un delito cometido en flagrancia, que la infraccin investigada tenga una pena de ms de cuatro aos de privacin de la libertad y que el acceso a esta informacin constituya un medio necesario para la investigacin policial.

Adems, la norma ordena a las empresas conservar los datos derivados de las telecomunicaciones (duracin, destino, llamadas realizadas) de todos sus usuarios por 36 meses para permitir la entrega a la PNP de forma inmediata y en tiempo real, en caso de que sean requeridos.

Atentara contra la privacidad Si bien el decreto establece un protocolo por el cual la PNP debe, en menos de 24 horas, solicitar la convalidacin del procedimiento ante un juez que podr confirmar o denegar la medida, quienes estn en contra de esta ley (incluidas la ONG Hiperderecho y la Fundacin Frontera Electrnica) argumentan que el procedimiento abre una ventana muy peligrosa que podra ocasionar que el remedio termine siendo peor que la enfermedad.

El abogado Erick Iriarte manifest a El Comercio que lo ms polmico de la norma es el almacenamiento de la informacin de las llamadas y el procedimiento para la localizacin de los equipos sin autorizacin de un juez que garantice el debido proceso previamente. Aunque el juez revoque la medida luego, los datos y la ubicacin ya podrn haber sido obtenidos por la PNP y [el decreto] no dice qu se puede o debe hacer con ello.

Adems, seal que aunque la norma no vulnera el derecho al secreto de las telecomunicaciones (ya que no permite revelar el contenido de la comunicacin en s), de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, localizar a personas en cualquier momento y lugar, y sin un adecuado proceso y proteccin de garantas constitucionales se vuelve un instrumento a lo Gran Hermano.

Agreg que se podra dar un abuso en la utilizacin de esta medida por la PNP en caso de que este procedimiento se convierta en la regla y no la excepcin. Se podran pedir solicitudes a los operadores solo para ir tanteando, vulnerando as derechos fundamentales, opin.

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