El primer ministro, Juan Jiménez Mayor, sostuvo anoche que el Gobierno está analizando las consecuencias jurídicas y económicas de la resolución del Tribunal Constitucional sobre el pago de los bonos agrarios.

En este momento los técnicos están analizando las consecuencias de este fallo; los aspectos constitucionales, jurídicos, pero también económicos, porque tiene una incidencia económica importante, manifestó.

Al recordar que es un derecho constitucional criticar las resoluciones judiciales, dijo que el Ejecutivo tomará una posición en base al estudio de todos los aspectos comprometidos en el caso.

En diálogo con la agencia Andina, el jefe del Gabinete Ministerial indicó que hoy el Gobierno emitiría un pronunciamiento sobre este tema.

SEIS MESES PARA DS La resolución del TC dispone que el Poder Ejecutivo, en un plazo de seis meses a partir de la fecha, emita un decreto supremo que regule el procedimiento para el registro, valorización y formas de pago de la deuda de los bonos de la reforma agraria.

El pago de esta deuda generó preocupación en el Ejecutivo por su impacto en la caja fiscal.

No obstante, el presidente del TC, Óscar Urviola Hani, subrayó que el fallo otorga plazos y formas de honrar el compromiso sin perjudicar el equilibrio presupuestal.

“SE DEBIÓ DAR AUDIENCIA ESPECIAL” Jiménez Mayor indicó que hubiera sido sano para el país que todos sean testigos de un debate jurídico sobre las distintas posiciones en esta materia. Nos hubiera gustado que esto se realice en una audiencia especial, para lo cual el Tribunal tenía las atribuciones, pero han decidido emitir un fallo sin esta posibilidad, concluyó.