01 de septiembre del 2014 15 °C

En total 28 congresistas son investigados por datos inexactos en sus hojas de vida

Tres legisladores fueron denunciados por falsedad de documentos y la Procuraduría del JNE evalúa presentar más casos

Fabiola Torres
Juan Aurelio Arévalo

Si los congresistas elegidos pensaron que la declaración jurada de vida era un mero trámite para inscribir su candidatura o un mecanismo de márketing electoral que podía prestarse para maquillar su trayectoria, hoy pueden estar en serios problemas legales y terminar desaforados.

A los congresistas Wilder Ruiz (Gana Perú), Federico Pariona y Alejandro Yovera (ambos de Fuerza 2011), denunciados por falsedad de documentos luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detectara que mintieron en sus hojas de vida, se pueden sumar más casos.

Tras revisar las 130 declaraciones de vida de los parlamentarios, este Diario encontró que otros 25 congresistas tienen observaciones de la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE por datos falsos, inexactos u omitidos en su formación académica, experiencia laboral y antecedentes penales.

Según Virgilio Hurtado Cruz, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE, en cuanto termine el proceso de contrastación de todos los datos (el plazo depende de la prontitud de la respuesta de las entidades públicas y privadas a las que se les solicitó información) se sabrá si procederán nuevas denuncias penales que obligarían a pedir el levantamiento de la inmunidad de los legisladores involucrados.

En muchos casos, se evaluará si fueron explicables errores involuntarios –como alegan varios congresistas– o si falsearon información relevante aun cuando sabían que la hoja de vida es una declaración bajo juramento.

PARTIDOS SIN CUADROS
¿Quién o quiénes son responsables de que lograran un cargo público personas con un rosario de procesos judiciales, títulos falsos y oscura trayectoria ética y moral? En teoría, los partidos políticos son el primer filtro de sus candidatos, pero lo cierto es que estos no tienen cuadros y recurren a un gran número de invitados (el nuevo Congreso está formado por 59 invitados a grupos políticos), a los que conocen apenas meses antes de participar en un proceso electoral, apunta Percy Medina, secretario técnico de Transparencia.

No es casual que todos los legisladores denunciados hasta la fecha provengan del interior del país (de los 28 cuestionados en este informe, 24 son de provincias), donde las agrupaciones políticas tienen menos control y conocimiento de las personas que sumaron a sus filas. Además, como se evidenció en los últimos comicios generales, los partidos definen a sus candidatos en función del dinero que estos pueden invertir en campaña. Recordemos el escandaloso audio de Carmen Rosa Núñez, ex esposa del alcalde de Trujillo, César Acuña, quien ofreció 700 mil soles para la campaña de Solidaridad Nacional a cambio de que se le diera la primera vicepresidencia en la plancha de Luis Castañeda Lossio. Luego, ella alegaría que fue un diálogo editado maliciosamente.

¿Cuánto aportaron a sus grupos políticos los congresistas con turbio pasado? Salvo algunos, como el denunciado legislador Francisco Ccama (Fuerza 2011), quien declaró haber realizado una inversión de cerca de setenta mil soles en la campaña, la mayoría no ha cumplido con reportar estos datos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

EL SEGUNDO FILTRO
El papel de los jurados electorales especiales está hoy también en evaluación, pues eran el segundo filtro de revisión de las hojas de vida de los 1.690 candidatos al Congreso que presentaron trece agrupaciones políticas. Además, tenían la obligación de analizar las tachas presentadas por los ciudadanos.

Virgilio Hurtado sostiene que se tomarán medidas disciplinarias contra los que no cumplieron su función y permitieron que continuaran en carrera electoral candidatos que mintieron en hojas de vida.

Esta semana es decisiva para que se definan los integrantes y se instalen la Comisión de Ética y Subcomisión de Asuntos Constitucionales, necesarias para el levantamiento de la inmunidad de los legisladores cuestionados.