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Wikileaks-Perú: ONG criticaron a Alan García ante embajador de Bush

Cuestionaron su capacidad para liderar lucha anticorrupción. Embajador defendió al gobierno

Wikileaks-Perú: ONG criticaron a Alan García ante embajador de Bush

JUAN AURELIO ARÉVALO

No solo los políticos convirtieron a los embajadores de Estados Unidos de la era Bush en confesores ante los cuales no tenían reparos en decir lo que pensaban. El cable N°130701, elaborado el 19 de noviembre del 2007, demuestra que los representantes de las ONG prodemocráticas más importantes del país también recurrieron a esta especie de confesión sincera.

El 5 de noviembre de dicho año, la directora ejecutiva de Pro Ética, Cecilia Blondet, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Pablo Rojas, el director ejecutivo del Instituto de Defensa Legal (IDL), Hans Landolt, y el coordinador del área de Derechos Humanos para la Comisión Andina de Juristas (CAJ), Rodolfo Albán, se reunieron con el embajador Michael McKinley, a quien le expresaron sus dudas sobre el real compromiso del gobierno de Alan García de liderar una reforma que permitiera combatir la corrupción reinante en las instituciones públicas.

“Al igual que otros críticos del gobierno, los representantes de las ONG prodemocráticas permanecen escépticos sobre si el presidente García es el tipo de líder que transformará al Perú en una robusta y próspera democracia cuyo desarrollo económico funcione bien para una clara mayoría de su gente”, comentó el embajador de EE.UU. en el cable.

DESCONFIABAN DEL APRA
Blondet fue la primera en dar su punto de vista. La presidenta de Pro Ética destacó que la corrupción seguía siendo un grave problema que debilitaba la confianza en las instituciones públicas. Resaltó, como ejemplo, que, según los últimos sondeos de opinión, el 90% de los peruanos creía que la Policía Nacional padecía de este flagelo. “Dijo que la mayoría de peruanos esperaban pocos cambios durante los cuatro años restantes de García. Sus colegas estuvieron de acuerdo, enfatizando que la corrupción era el obstáculo central para que el Perú alcance el próximo nivel de desarrollo”.

Landolt, entonces titular de IDL, fue más allá y aseguró que aun si se aplicara una reforma, el Apra no podría liderarla porque se encontraba “enferma”. Explicó que la composición del partido de gobierno, “como una coalición de operadores políticos, limitaba su interés en una reforma genuina y socavaba su habilidad de articular una visión positiva de gobierno”.

Mencionó que la gestión de García (con el Apra como núcleo) había archivado un decoroso plan de desarrollo que buscaba fortalecer la protección de los derechos humanos –que había sido elaborado por el ex presidente Alejandro Toledo– no porque fuese malo sino porque venía de un rival político. Landolt acusó a la actual gestión gubernamental de tener un oportunismo corto de vista que pintaba a un gobierno que “oscila con la opinión pública y carece del empuje ideológico para liderar una reforma”.

CASO FUJIMORI
Otro tema de interés para los presentes fue el inminente juicio del ex mandatario Alberto Fujimori. Pablo Rojas consideró poco probable que el proceso llegara a producir un descontento social entre la población dado el grado de división al interior del fujimorismo y “porque ya no son populares como antes”. Asimismo, precisó que los fiscales a cargo del caso eran “talentosos y honestos y podían depender de una montaña de evidencia que virtualmente sellaba el proceso de cualquier manipulación política”.

Sin embargo, advirtió que el Apra podría buscar intervenir en el proceso debido a que algunos de sus líderes, incluyendo a García, tenían denuncias por abusos contra los derechos humanos. En ese sentido, Rojas consideró que el partido podía usar su influencia en el sistema judicial y determinar el desenlace final del juicio, limitando, de esta forma, el impacto que podría tener en futuros procesos similares.

Por ello, esperaba que la comunidad internacional cumpliera un rol de monitoreo activo para asegurar la transparencia del proceso.

Ante estas opiniones, McKinley tomó una postura a favor del presidente García, señalando que si bien había logrado una victoria electoral estrecha, su gobierno había empezado a implementar planes para mejorar los servicios públicos, incluyendo una descentralización administrativa. “Si bien el alcance del reto que enfrenta el gobierno es enorme, el objetivo no puede ser alcanzado de la noche a la mañana”, indicó.

Landolt y otros asintieron, pero aclararon que la reforma implementada hasta el momento por el gobierno era “superficial” y probablemente no lograría marcar una diferencia para resolver los afianzados problemas sociales del país”.

LAS ONG RESPONDEN
Consultada sobre el contenido del cable, Blondet explicó que se ha reunido varias veces con la Embajada de EE.UU. y de muchos otros países (a pedido de los diplomáticos) para conversar sobre la marcha de la política nacional. Aclaró que en el 2007 Pro Ética no recibió financiamiento de la embajada sino hasta un año después cuando los apoyaron con el programa de la Red Nacional Anticorrupción.

“Fue simplemente una reunión de evaluación de la situación nacional. Lo que dije en ese momento lo sostengo ahora. Es lo que está sucediendo. No hay un liderazgo en la lucha contra la corrupción, y la política social ha sido bastante débil. El énfasis del gobierno ha estado en mantener e incrementar el desarrollo económico, pero no necesariamente en mejorar la atención de los servicios sociales. No hay ninguna novedad en eso”.

Por su parte, Rojas dijo no recordar la reunión y aclaró que en la fecha del encuentro (5 de noviembre) ya no era el secretario ejecutivo de la coordinadora (lo fue hasta el 31 de octubre del 2007).

Asimismo, destacó que dicho organismo, en sus 35 años de existencia, nunca ha tenido apoyo económico de la embajada. “Es probable que la reunión se haya producido. Solemos reunirnos con diversas embajadas, incluyendo EE.UU., Canadá y las europeas”. En todo caso, reconoció que las opiniones que se le atribuyen en el informe no son ajenas a su punto de vista.

“Las embajadas están preocupadas por conocer la situación de los derechos humanos. La de Estados Unidos, por ejemplo, hace un informe todos los años y es público […]. Son invitaciones que se hacen formalmente. El monitoreo de los derechos humanos es un asunto importante e indispensable para la firma de los tratados y acuerdos económicos y comerciales”, señaló.

El Comercio intentó comunicarse reiteradas veces con Landolt y Albán sin éxito.