Abimael Guzmán
Abimael Guzmán

Mientras los terroristas comienzan a salir de prisión después de cumplir sus condenas, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se van acumulando demandas contra el Estado Peruano. Según registros del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, hasta enero del presente año había 48 casos con demandas de más de 138 terroristas.

Muchas de las quejas de los terroristas fueron acumuladas, ya sea porque fueron presentadas en conjunto o porque tenían reclamos similares. Del total, 15 casos se encuentran en “etapa de fondo”; es decir, a la espera de una resolución final.

Los 33 restantes se quedaron en la fase de “admisibilidad” (cuando la petición se convierte en caso). En esta figuran las demandas más antiguas, hasta 1993, como las de Alfredo Crespo Bragayrac y Jorge Cartagena Vargas (falleció en el 2004).

Crespo, uno de los fundadores del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), fue condenado a prisión efectiva en los años noventa por sus vínculos con Sendero Luminoso. Recién en el 2013 el Estado solicitó declarar inadmisible la petición.

Así como el de Crespo, otros 32 casos de senderistas quedaron en la etapa de admisibilidad. Por ejemplo, Maritza Garrido Lecca, liberada este mes, también demandó al Estado en el 2015.

(Composición: El Comercio)
(Composición: El Comercio)

—De fondo—

La etapa de fondo es aquella en la que la CIDH decide si hubo violaciones de los derechos humanos en cada caso. En esta fase, el Perú afronta unos 15 casos ante la CIDH. Casi todos han sido respondidos por el Estado en el 2013 pidiendo que se declaren infundados.

En esta lista de terroristas que lograron llevar sus demandas a una etapa avanzada, figura Jorge Olivares del Carpio, miembro del comité central de Sendero Luminoso. Después de su captura en el 2012, Florindo Flores Hala ‘Artemio’ confesó que había sostenido reuniones con Olivares y otros cabecillas senderistas en el Huallaga luego de la caída de Abimael Guzmán. Olivares cumplirá su condena de 35 años de cárcel en el 2030 y tiene una deuda por reparación civil solidaria de un millón de soles, de los cuales solo ha pagado S/180.

—Necesaria revisión—

El ex presidente de la Sala Penal Antiterrorista Marcos Ibazeta explicó que en la mayoría de estos casos los terroristas alegan violación del debido proceso, ya sea por condenas en fueros militares y por jueces sin rostro, o supuestas irregularidades en sus detenciones.

“Muchos lo que buscan es arresto domiciliario, pero aprovechan y, además de alegar daño moral, piden una indemnización. La CIDH realiza un análisis en abstracto sin importar si son terroristas. Esto puede ser interpretado como sesgo por la falta de análisis de contexto”, añadió.

Ibazeta también alertó dejadez de los últimos gobiernos en el tema. “Ha habido dejadez de todos, se han peleado entre fujimoristas y antifujimoristas sobre cómo una dictadura también lesionó derechos. Esta relativización ha terminado favoreciendo a Sendero”, indicó.

Por ello, propuso crear una comisión técnica que se encargue de reajustar el marco jurídico. Una de las regulaciones, señaló Ibazeta, debería ser la compensación; es decir, si un terrorista le gana al Estado, la indemnización se descuenta de la reparación civil que debe.
La última demanda de terroristas que llegó a la CIDH fue a través de un organismo de fachada de Sendero, que reclama por la demolición del mausoleo de Comas. Esta incluye firmas de apoyo de las cabezas del Movadef, Alfredo Crespo y Manuel Fajardo. La petición fue presentada en mayo del presente año y en esta se califica de “preso político” a Abimael Guzmán.

—Percepción ciudadana—

Según la más reciente encuesta de El Comercio-Ipsos, el 62% cree que Sendero Luminoso todavía está activo “en algunos lugares alejados”.
Además, el 64% piensa que el grupo terrorista aún es una amenaza grave para el país.

(Composición: El Comercio)
(Composición: El Comercio)

En tanto, el 68% considera que los subversivos excarcelados “no están arrepentidos y volverán a involucrarse en actos terroristas”.

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