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Informe Kroll: 5 claves de la investigación inconclusa contra Alberto Fujimori

Kenji Fujimori acaba de solicitar al Congreso que investigue la desaparición del informe Kroll. Aquí un recuento de este caso que ya tiene 15 años

Alberto Fujimori

Alberto Fujimori

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. (Foto: Archivo El Comercio) 

Archivo El Comercio

De manera sorpresiva, Kenji Fujimori ha informado a través de Twitter que ha pedido a la Comisión de Fiscalización que investigue la desaparición del informe Kroll. Según el congresista, los originales de esta investigación desaparecieron porque demostraban que su padre, el encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, no tenía cuentas en el extranjero.

Pero, ¿qué es el Informe Kroll? Es un documento que tiene una historia de idas y vueltas que se remonta hasta el 2002, cuando recién estaban empezando las investigaciones para hallar la verdadera magnitud de la corrupción durante los gobiernos de Alberto Fujimori.

1. El origen

Alberto Venero

Alberto Venero, principal testaferro de Vladimiro Montesinos, declaró ante la comisión Waisman en el 2001 y dijo que Alberto Fujimori se había robado millones de dólares. (Archivo El Comercio)

Alberto Venero, principal testaferro de Vladimiro Montesinos, declaró ante la comisión Waisman en el 2001 y dijo que Alberto Fujimori se había robado millones de dólares. (Archivo El Comercio)

El Comercio

Según informó el propio Ministerio de Justicia (Minjus) ante el Congreso en octubre del 2005, la historia del Informe Kroll empezó el 17 de marzo del 2002. Ahí surgió la recomendación, en el gabinete de asesores del Minjus, de contratar a una empresa para rastrear los fondos con montos millonarios que se sospechaba había sustraído Alberto Fujimori durante su mandato (según declaró el testaferro Alberto Venero ante la Comisión Waisman). El 10 de junio, con Fernando Olivera como ministro, se confirmó la selección de la empresa Kroll Inc. para realizar esta investigación. El monto sería por 350 mil dólares para un plazo de seis meses de trabajo. El 10 de julio se firmó el contrato.

2. La confidencialidad

En el contrato para llevar a cabo el Informe Kroll se estableció que los adelantos parciales y el informe final iban a ser entregados directamente a la procuraduría ad hoc a cargo de investigar la sustracción de fondos del Estado, siempre bajo absoluta reserva. Solo el reporte final iba a llegar al Minjus. Cuando Fausto Alvarado asumió el cargo de ministro de Justicia se crearon dos adendas (entre octubre y diciembre del 2002), en las cuales se indicó que los informes ya no irían a la procuraduría, sino también al Minjus. La investigación, fuera de estas entidades, no podía ser difundida. Era absolutamente confidencial.

3. Las primeras dudas

A lo largo de oficios emitidos el 7 de enero, 3 de febrero, 6 de marzo, 21 de abril y 19 de mayo del 2003, la procuraduría ad hoc consideró los informes que iba recibiendo de Kroll como "preliminares" y "basados en trascendidos". Por eso consideraron pertinente extender el plazo de investigación por seis meses más. Se firmó una tercera adenda y en octubre se aprobó la renovación del contrato con Kroll. El 11 de marzo del 2004 se firmó el contrato para obtener un informe final adicional.

4. La filtración de la información

Alejandro Tudela

El entonces ministro de Justicia, Alejandro Tudela, cuando denunció ante la prensa en setiembre del 2005 que habían desaparecido dos de los siete tomos del Informe Kroll. (Archivo El Comercio)

El entonces ministro de Justicia, Alejandro Tudela, cuando denunció ante la prensa en setiembre del 2005 que habían desaparecido dos de los siete tomos del Informe Kroll. (Archivo El Comercio)

El Comercio

La entonces fiscal de la Nación, Nelly Calderón, pidió el 17 de mayo del 2004 que el entonces ministro de Justicia, Baldo Kresalja, remita el Informe Kroll para incorporarlo en las investigaciones. Fue así como tres instancias tuvieron acceso a trabajo de Kroll (fiscalía, Minjus y procuraduría). El 14 de setiembre de ese año, el sucesor de Kresalja, Carlos Gamarra, resolvió el contrato porque la empresa no pudo sustentar formalismos. En el 2005, el Minjus detectó que, de los siete informes, solo había cinco originales. En ese contexto, en setiembre, parte del informe Kroll se filtró a la prensa. Durante el 2006, cuando la contraloría investigaba esta irregularidad, detectó que también se extraviaron los otros 5 tomos originales. 

5. Lo que se supo

En medio del escándalo por la desaparición del Informe Kroll se conocieron algunas conclusiones preliminares a través de filtraciones a la prensa. La primera, y por la que el fujimorismo en el 2005 y en adelante pidió que se difundiera la investigación por completo, era favorable para el ex mandatario ahora preso: Kroll no identificó cuentas bancarias a nombre de Alberto Fujimori ni en Japón ni en otros países incluidos en la investigación.

Alberto Fujimori

En el 2005, mientras Alberto Fujimori tramitaba su candidatura presidencial desde Tokio, sus aliados en el Perú exigían que se revelara por completo el Informe Kroll. (Archivo El Comercio)

En el 2005, mientras Alberto Fujimori tramitaba su candidatura presidencial desde Tokio, sus aliados en el Perú exigían que se revelara por completo el Informe Kroll. (Archivo El Comercio)

El Comercio

Sin embargo, sí hallaron indicios que dejaban abierta la posibilidad de que Fujimori tuviera acceso a millonarias cuentas a través de terceros en paraísos fiscales. Kroll obtuvo data desde Tokio en la cual se indicaba que Fujimori recibía, durante su asilo, fondos de una cuenta manejada por el UBS, un banco suizo que tenía una lista de clientes secretos.

El informe también sospechaba sobre vínculos de Fujimori con la mafia japonesa Yakuza, el banquero suizo-panameño Antonio Gnaegi, el empresario peruano Lorenzo Souza (grupo Peruval), el ex rector de la Universidad Agraria Luis Maezono y la familia del ex presidente, específicamente Juana Fujimori y su cuñado Víctor Aritomi. También mencionan movimientos sospechosos de trabajadores de la embajada de Perú en Tokio y cuentas de unas 19 empresas constituidas en Panamá vinculadas al ex presidente, Gnaegi y Souza, entre otros investigados. 

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