Interoceánica: investigan a ex funcionarios de Pro Inversión
Interoceánica: investigan a ex funcionarios de Pro Inversión
Redacción EC
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El Ministerio Público dispuso ampliar la formalización y continuación de la investigación preparatoria para comprender como autores del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión, a Sergio Bravo Orellana, Alberto Pascó-Font Quevedo y John Patrick Michael Barclay.

Los mencionados fueron incluidos en las pesquisas por su condición de miembros del Comité de en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, a cargo de la promoción de la concesión de los tramos II y III de la .

De acuerdo a las imputaciones, ellos habrían defraudado al Estado peruano concertándose con la empresa brasileña Odebrecht para favorecerla en el proceso de licitación.

Vale anotar que la comisión del delito de colusión puede presentarse en cualquier etapa de la concesión, desde la generación de la necesidad, el requerimiento, la elaboración de las bases, la convocatoria, la presentación de propuestas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación, la firma del contrato, la ejecución y la liquidación.

De esto, según la fiscalía, se desprende que el ex presidente Alejandro Toledo, también investigado por el delito de colusión, habría intervenido directamente en ciertas fases del proceso, inclusive en la designación del comité que se hizo cargo posteriormente del proceso de selección.

El artículo 5° del Reglamento de Organización y Funciones de Pro Inversión, aprobado por Decreto Supremo N° 028-2002-PCM, establece que los Comités Especiales se constituyen por Resolución Suprema a propuesta de la Agencia de Promoción de la Inversión (Pro Inversión), Resolución Suprema que firmó el entonces mandatario.

El Ministerio Público sostiene que Alejandro Toledo, en clara vulneración de su deber de resguardar los intereses del Estado, defraudó los mismos concertándose con el interesado, en este caso con el representante de la empresa Odebrecht, Jorge Barata, quien actualmente es colaborador eficaz de la fiscalía.

En el caso de los integrantes del comité, se advierte que tenían el deber positivo de resguardar los intereses del Estado peruano.

Sin embargo, tal como lo describe el Ministerio Público en la atribución de cargos e imputaciones personales, ese deber fue infringido al haberse concertado con los contratantes.

En la disposición fiscal se detalla la citación a once ciudadanos entre el 20 y 29 de marzo. Entre ellos a Juan Monroy, Percy Velarde, René Cornejo, Alfredo Ferrero Costa y al jefe del Estado Pedro Pablo Kuczynski (PPK); en calidad de testigo.

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