Víctor Prado: "El Poder Judicial debe hacer un mea culpa"

El candidato a la presidencia de esa institución dice que fallos controvertidos les han hecho perder apoyo social

Víctor Prado: "El Poder Judicial debe hacer un mea culpa"

Juez supremo Víctor Prado Saldarriaga sostiene que la corrupción sigue siendo un punto débil del Poder Judicial. (Foto: El Comercio)

Mario Mejía Huaraca

Víctor Prado Saldarriaga, actual integrante de la Sala Penal Transitoria y miembro del tribunal que condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión, busca por segunda vez consecutiva llegar a la presidencia del Poder Judicial.

El magistrado plantea que en esa elección no solo deben participar los jueces de la Corte Suprema sino todos los jueces titulares del país. Su aspiración dice que es superar la crisis de legitimidad que atraviesa su institución.

¿Cree que falta un poco más de transparencia en la elección del presidente del Poder Judicial?
Estoy en contra del secretismo de este proceso electoral, eso nos quita legitimidad. La población también debe saber quién va a ser el presidente del Poder Judicial y qué está ofreciendo a la justicia. Los programas de gobierno de los candidatos están poco publicitadas. Esos programas no se debaten públicamente y, lo que es más grave, muchas veces la decisión de los jueces ya está tomada con anticipación. Parece que lo que se toma en cuenta no es el plan de trabajo, no es el futuro de la institución, sino  una actitud que puede responder a la mayor o menor simpatía que tenga uno de los candidatos con los votantes u otros factores.

—El Poder Judicial es quizás la institución con más desaprobación en la ciudadanía. ¿Cómo revertir esa situación?
Si queremos que la población vuelva a creer en el Poder Judicial, debemos considerar este proceso electoral con seriedad. El marco normativo debe ser preciso, debe dar paso a una democratización. Yo sostengo abiertamente que la elección del presidente de la Corte Suprema y de las cortes superiores de justicia deben ser por  votación directa y universal de todos los jueces titulares del país. Eso mostrará a la población una voluntad real de hacer transparentes estos procesos, de exponer con precisión y mostrar lo factible que pueden ser los planes que uno va a realizar.

—Eso significaría un cambio constitucional, es una propuesta que tendría que pasar por el Congreso.
Así es, tendría que ir al Congreso, pero no es imposible, se puede hacer.

—Usted también propone que el periodo de dos años del presidente del Poder Judicial se incremente a tres años.
El periodo debe ser similar a lo que tiene el Ministerio Publico, tres años. No se trata de llenar un documento de propuestas y prometer cosas que en el corto tiempo de dos años no se podrá realizar.

—¿Qué puntos concretos ofrece en su plan de gobierno?
Tengo tres objetivos básicos. Uno es superar la crisis de legitimidad que tiene nuestra institución. Dos, alcanzar una posibilidad real de ejercer una autonomía presupuestal no solo para el sistema central sino también para las cortes superiores. Tres, poder superar este mal endémico que son las paralizaciones anuales de los trabajadores. Tenemos un presupuesto que no responde a las necesidad y requerimiento financiero de la institución y que impide producir mejoras reales en las remuneraciones de los trabajadores. Pese a todo, tenemos que seguir avanzando y eso viene transparentando la institución. También está el tema de la tecnología que ya venimos adaptando en el caso de las notificaciones electrónicas, además hay un proyecto de expediente digital avanzado, eso lo vamos a fortalecer.

—¿Cómo planea afrontar la corrupción en su institución?
El tema de la corrupción sigue siendo nuestro punto débil, bien marcado. Pero es un problema que no solo comprende al Poder Judicial, sino a todo el Estado. Es un fenómeno que se ha materializado transversalmente a toda la región. Es lo más complicado pero hay que enfrentarlo. Para nosotros, es fundamental modernizar las estrategias que tenemos desde la OCMA y las Odecmas para prevenir oportunamente la corrupción. Esto pasa por un conjunto de medidas que se aplican en otros países como proteger a testigos, evitar represalias internas a quienes denuncian actos de corrupción. Significa establecer mecanismos que ayuden a hacer mas transparente la integridad de los jueces que ingresan a la institución.

—Una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía es la inseguridad ciudadana y parte de ella la achaca al Poder Judicial, pues muchas veces los jueces liberan a delincuentes y bandas. ¿Qué medidas concretas tomaría para cambiar eso?
Creo que es necesario un buen reclutamiento en áreas sensibles, como las unidades judiciales que enfrentan la criminalidad organizada. Son unidades especializadas pero muy poco de esos jueces son especialistas en esta materia, tenemos que formarlos y darles las herramientas técnicas necesarias y también seguridad. El sistema de reclutamiento debe incidir en la especialización, no puede venir el magistrado a conocer la criminalidad organizada y las estrategias internacionales que hay para enfrentarlas recién cuando está sentado sobre el caballo. Tiene que ser un magistrado que ya esté formado en eso. Tenemos muchos juzgados especializados pero pocos jueces especialistas. Eso hace que, a veces, esos delitos se midan como cualquier otro delito. Además, no se dimensiona el efecto que tiene una mala decisión o una acción apresurada o superformalista.

—Esas malas decisiones de algunos jueces aumentan la desconfianza del ciudadano en el Poder Judicial.
Hay que enseñar a los jueces a emitir penas. En algunos lados tienen penas mayores y en otras, penas menores. Y eso nos lleva a situaciones extremas, como lo sucedido el 13 de agosto con la marcha que hubo frente al Palacio de Justicia, que nos hizo sentir el repudio ciudadano frente a prácticas judiciales que no están en el nivel de los estándares que el público espera.

—Hace un momento habló del tema del presupuesto, ¿cómo solucionarlo?
Así como el Congreso, el Poder Judicial debe tener posibilidad de definir su presupuesto según sús necesidades. Pero lo que tenemos son frustraciones. Se creó una comisión bilateral para acordar un presupuesto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo y todos los años nombramos a nuestros delegados que son "paseados" por el Ejecutivo que no atiende nuestra asignación presupuestal. Tener una justicia débil y paralizada no es un mensaje bueno. No es bueno un presupuesto de sobrevivencia, eso es lo que debemos evitar si queremos avanzar a estándares internacionales. Se requiere inversión y eso lo tiene que hacer el Estado.

—Pero algunos dicen para qué le van a dar más presupuesto si hacen un mal trabajo.
Tenemos que hacer un mea culpa, reconocer que hemos fracasado y que eso nos ha ido alejando de la colectividad. Si no hay un apoyo social a la institución, que lo hemos perdido por mala aplicación de las leyes y sentencias controvertidas, no podemos  lograr que nos refuerce las intenciones de tener un mejor presupuesto. La población es vital para nosotros.

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