(Foto: Archivo El Comercio)
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Redacción EC

La congresista de Fuerza Popular, , presentó el último 22 de marzo un proyecto de ley que plantea derogar una disposición de la Ley 30737. Esta fue propuesta por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y publicada en marzo del 2018, teniendo como fin asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción.

Lo que busca la iniciativa legislativa es eliminar la decimotercera disposición complementaria final de la Ley 30737, que establece incentivos a la colaboración eficaz de personas o entes jurídicos con el Ministerio Público, entre los que se contempla eximir, suspender o reducir a los mencionados de las consecuencias jurídicas derivadas del delito, sin que esto implique renuncia a la reparación civil que corresponda.

Para la parlamentaria, mantener vigente dicha disposición “implicaría un acto lesivo en contra del país, pues a la luz de las últimas revelaciones del Caso Lava Jato, este instrumento normativo se ha convertido en un aliado de la impunidad”. Asimismo, añade posteriormente —en la exposición de motivos— que “se está haciendo un uso indebido de la institución jurídica de los incentivos a la colaboración eficaz”.

En ese sentido, Karina Beteta cuestiona también el acuerdo de colaboración eficaz entre el Equipo Especial del Ministerio Público y la empresa Odebrecht, pendiente de control judicial, al que califica de “lesivo” para el país.

El proyecto de Beteta fue derivado a las comisiones de Justicia y de Economía del Parlamento. Lleva, además, las firmas de otros colegas de su bancada, entre los que se encuentra Milagros Salazar.

—Otros proyectos que cuestionan la Ley 30737—
Precisamente, Salazar sustentó el último martes en la Comisión de Constitución un proyecto de ley de su autoría —presentado el 4 de marzo— que “precisa las obligaciones de los colaboradores eficaces”, a cuyo acuerdo se haya llegado por intermedio de la Ley 30737.

La legisladora argumentó que su iniciativa busca “poner candados o precisar el rol, la función y el deber que tienen los colaboradores eficaces”, para quienes plantea sanciones y obligaciones.

Tres días después, el 7 de marzo, Yeni Vilcatoma —quien tiene licencia en Fuerza Popular— presentó un proyecto de ley para derogar la Ley 30737. A su juicio, esta norma “se ha convertido en un marco para crear un régimen de excepción arbitrario y que permite al as empresas que han cometido delitos pagar reparaciones civiles magras y con plazos excesivamente largos, además de permitírsele seguir operando en nuestro país libres de las consecuencias legales de sus actos”.

El proyecto de Vilcatoma fue derivado a las comisiones de Justicia y de Economía del Congreso. 

El proyecto de Karina Beteta:

El proyecto de Vilcatoma: