Martín Vizcarra anuncia referéndum para el CNM y entrega proyectos

El presidente de la República, Martín Vizcarra, consideró hoy que la difusión de un conjunto de audios por parte del periodismo de investigación ha evidenciado “la corrupción, el tráfico de influencias y las redes articuladas” dentro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Poder Judicial y Ministerio Público.

Durante su mensaje a la Nación, Vizcarra también indicó que existen “personas interesadas” en que el actual sistema de justicia “no cambie”.

El jefe de Estado indicó que la prisión preventiva contra el ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos; la suspensión del “cuestionado” juez supremo César Hinostroza; la remoción de todos los integrantes del CNM; la renuncia de Duberlí Rodríguez a la presidencia del Poder Judicial; y la difusión de nuevos audios sobre el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, son un ejemplo de la actual crisis.

Martín Vizcarra afirmó que su gobierno no puede quedarse de brazos cruzados ante esta situación que ha marcado “un punto de quiebre”. Por ello, anunció una serie de medidas para concretar la reforma del sistema de justicia, que a continuación detallamos:

Un nuevo sistema de control
El presidente presentó seis proyectos de ley al Congreso. Uno de ellos propone la creación de la autoridad nacional de integridad y control del Poder Judicial y del Ministerio Público. “Se requiere un cambio sustantivo que permita contar con un órgano de control en el Poder Judicial distinto. La OCMA [Oficina de Control de la Magistratura] no ha cumplido con el rol que las leyes le han encomendado. Necesitamos un verdadero sistema especializado, donde sus titular sean elegidos por concurso público”, subrayó.

Martín Vizcarra se comprometió a asignar “una policía especializada” que apoye la labor preventiva “identificando áreas de posible riesgo”.

La probidad de la abogacía
El jefe de Estado, además, planteó un proyecto de ley para “incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía”. “Un abogado tiene una función social, la misma que debe contribuir de manera decidida en la lucha contra la corrupción, particularmente en el ámbito del sistema de justicia. Transgredir los principios éticos de un abogado mella gravemente la confianza de la sociedad en el Estado y la justicia”, refirió.

Martín Vizcarra señaló que los abogados corruptos serán sancionados penalmente “con agravantes” y también por su colegio profesional, “porque existirán procedimientos, infracciones y sanciones correspondientes”.

El referéndum por el CNM
Martín Vizcarra también presentó una iniciativa de reforma constitucional para cambiar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). “Propongo a la representación nacional la reforma constitucional del CNM, para ello requerimos de la modificación de los artículos 155 y 156 de la Constitución eliminando el sistema de representación en la elección de los consejeros y reemplazándolo con un concurso público de méritos”, explicó.

También exhortó a que se revisen los nombramientos y ratificaciones realizadas por el CNM, que presidió Orlando Velásquez.

Martín Vizcarra, además, anunció que su gobierno iniciará el procedimiento para convocar a un referéndum “para realizar esta cambio con la mayor legitimidad posible para la construcción de confianza sobre una institución cuestionada el día de hoy”, en referencia a la reestructuración del CNM.

“Mi gobierno apuesta decididamente a potenciar al Estado en su conjunto para derrotar a las mafias de delincuentes y corruptos que acechan a nuestro país”, subrayó.

Los otros proyectos
El presidente Martín Vizcarra presentó otros cuatro proyectos de ley, entre ellos uno que crea el consejo para la reforma del sistema de justicia, que está integrado por el jefe de Estado y los presidentes del Congreso, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y CNM así como el fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo.

Las otras iniciativas están referidas a fortalecer la Ley de Transparencia en el Poder Judicial; modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público y que crea el sistema de fiscales especializados en delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos y reducir el tiempo de los procesos contenciosos administrativos.