(Foto: AP)
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Diana Seminario

Que duda cabe que la noticia política de la semana pasada ha sido la incautación de los bienes de los Humala Heredia luego de que el juez Richard Concepción diera trámite al pedido del fiscal Germán Juárez.

La imagen de la indignación de , luego de conocer la medida fue portada de varios diarios. Ella enfurecida reclamaba que se estaban metiendo con sus hijos. Lamentablemente, la ex primera dama no pensó en ellos cuando puso a su nombre cuentas bancarias con dinero de dudosa procedencia, como ya se ve en la investigación que se viene realizando. ¿Quién querría poner a sus hijos en estas circunstancias?

Ni bien se ejecutó la acción judicial, el cargamontón contra Concepción Carhuancho fue significativo. Aquí no importaba analizar si la medida era legal o no, si Concepción estaba cumpliendo a cabalidad los pasos de un largo proceso: el objetivo era desacreditar al juez. Otra vez, la verdad era lo de menos. Percibimos una especie de “Con Ollanta y Nadine no te metas… sino, ya sabes lo que pasa”.

Ya lo dijo el sábado Fernando Rospigliosi en este Diario: que esta medida “se ha aplicado en otros casos como el de la mafia de Rodolfo Orellana y de Pedro Pérez, alias ‘Peter Ferrari’, igualmente sujetos a prisión preventiva. En esos casos, también antes del juicio y la acusación fiscal, pero con suficientes evidencias, se procedió a la incautación. Y nadie protestó”.

Y lo que resulta una paradoja, de esas que solo en la política pueden darse es que si y Nadine Heredia han sido despojados de sus propiedades, es porque esta medida se ampara en los decretos legislativos 1104 y 1106 (Pérdida de dominio y lavado de activos), que se dieron en abril del 2012 en pleno gobierno humalista y gracias al pedido de facultades legislativas.

Está claro que la intención era aplicar estos decretos a cualquier otro político (o política), menos a ellos. Pero la tierra es redonda y todo da vueltas.

Es penoso que una familia pase por estas dolorosas circunstancias y haya hijos que sufran las consecuencias de los actos de sus padres; pero eso no convierte a los Humala en inocentes.

Y como para dejar en claro que la opinión pública no se deja atarantar por ninguna campaña que no se ajuste a la verdad, ayer la encuesta publicada en este Diario dio cuenta de que el 69% considera justa la incautación. Además el 82% considera culpable a Humala de haber recibido dinero de Brasil para financiar la campaña del 2011 y el 84% considera a Heredia culpable de los mismo. Como ya se ha dicho, ese dinero provino de la denominada caja 2, lo que configuraría el delito de lavado de activos (proceso por el que se les han incautado sus propiedades).

Además, el 81% de encuestados considera que Humala es culpable de haber cometido delitos de corrupción durante su gobierno. El 85% cree que Nadine es culpable de la misma imputación.

Como se ve, aún falta un largo camino por recorrer en el Caso Humala-Heredia, pero lo cierto es que la ley se aplica independientemente de que si nos guste o no, y aunque son válidas y atendibles las razones familiares y de humanidad, estas no hacen inocente a una persona.