Nelson Shack
Diego Chirinos

tiene pocas horas en el cargo, pero ya puede afirmar que la corrupción se ha filtrado tanto en la contraloría como en todo el sistema de control. Una situación que, según él, ratifica la necesidad de reformar totalmente la institución.

— Asume el liderazgo de una institución envuelta en recientes controversias. ¿Cuál es su principal reto?
Hay un proceso de deterioro institucional muy grande. El control gubernamental no está funcionando desde hace años. La evidencia es que un sistema de control moderno no tendría por qué trabar la gestión [como ha sucedido]. La contraloría ha hecho muy poco en el Perú para prevenir la corrupción.

— ¿A qué lo atribuye?
A que el sistema está enfocado en sancionar. Trata de perseguir al ejecutor, ya que en el interior de la contraloría existen incentivos perversos. Por ejemplo, los trabajadores tienen entre sus retribuciones un bono por producción. ¿Y cuál es su producción? Más informes de control. Entonces, lo que siente el ejecutor es que el auditor no viene a ayudarlo sino a buscar lo que ha hecho mal.

— ¿Es trabajo de la contraloría ayudar a funcionarios?
No metiéndose en la ejecución, pero sí alertándolos sobre riesgos. Necesitamos concentrarnos en la lógica preventiva y de control interno, sin descuidar el control posterior. No recuerdo un acto relevante de corrupción detectado por el sistema de control.

— No detectaron el Caso Lava Jato, por ejemplo.
Tampoco casos de gobiernos regionales o locales, a pesar de haber hecho acciones de control. Entonces, o las personas no tienen capacidades suficientes o los mecanismos empleados no son útiles, o tenemos un problema de corrupción interna.

— ¿Hay corrupción en la contraloría?
La contraloría y el sistema de control han sido penetrados por la corrupción. Necesitamos recuperar la confianza del servidor público honesto y de la ciudadanía.

— ¿Harán auditorías?
Auditorías, acciones de control, mejoras de procesos y obviamente una reestructuración de todo el personal. Ya he pedido la puesta a disposición de los cargos de confianza de la alta dirección.

— ¿Dichos cambios podrían generar ruido alrededor de su designación, como el que ya existe sobre presuntas denuncias penales en su contra?
Durante el proceso de evaluación se dijeron muchas cosas inexactas. Cuando fui funcionario público del MEF tuve denuncias por el propio cumplimiento de mi función. Ninguna tiene que ver con corrupción y los procesos ya se archivaron. El único en el que estoy vinculado hoy, en calidad de testigo, es un proceso por una compra de DVD del Poder Judicial. Sobre eso yo tengo una resolución de sobreseimiento.

— Respecto a esta existe una apelación de la fiscalía. De aprobarse, ¿podría constituir un obstáculo para su continuidad?
No debe ser un problema para mi gestión porque hoy tengo una resolución vigente de sobreseimiento.

— ¿Cree que existe un interés en descalificarlo?
Los corruptos están preocupados. Saben que no existe posibilidad de que me presionen y que conozco el Estado por dentro. Durante muchos años los contralores no lo conocían. Ahí hay una gran diferencia que ha preocupado a los corruptos.

— Algunos congresistas han dicho que usted es un contralor a la medida del gobierno. ¿Qué les diría?
Esa preocupación, de quienes no me conocen, es producto de haber trabajado con miembros del Ejecutivo. Que me den el beneficio de la duda y me dejen trabajar.

— En el Congreso dijo que los audios de conversaciones entre su predecesor y ministros del gobierno revelan “conversaciones anormales”.
No eran normales para mí. De repente para los actores puede haber sido normal. El contralor puede conversar con ministros, pero no entrar a una discusión específica sobre determinado informe o hallazgo del control.

— ¿Considera que los ministros realizaron una presión indebida?
No sé si fue una presión indebida, pero era una situación a la cual yo no me expondría. No estaría dispuesto a reunirme con ministros en esos términos. No tengo problemas de hablar con ellos sobre aspectos de la lucha anticorrupción, pero de ningún modo empezar a discutir de forma reiterada los detalles de cómo van a salir los informes de la contraloría.

— ¿Usted apostará por el control simultáneo?
Sí, pero necesitamos un nuevo sistema. Por ejemplo, el Congreso dispuso que la contraloría haga control simultáneo en la reconstrucción. Si el auditor tiene el chip policíaco, de encontrar sanción y no de ayudar al ejecutor, el proceso se va a paralizar.

Por otro lado, ¿cómo ayudar a la reconstrucción si no tengo ingenieros ni plata para contratarlos? En este escenario, el control va a ser absolutamente ineficaz.

— ¿Qué pasará con el informe de auditoría que tenía pendiente la gestión anterior sobre la licitación del aeropuerto de Chinchero?
No estará listo en julio [como estaba previsto], pero sin duda en agosto se publicará.

— ¿La opinión de la contraloría sobre proyectos debe ser vinculante?
En un control previo, debe ser vinculante. Si no, ¿para qué se pide el control? Esa es una de las modificaciones que vamos a proponer como parte de una iniciativa legislativa de la contraloría. En lugar de pensar en más controles, hay que establecer mejores controles.

— ¿Cómo definir cuándo la mala decisión de un funcionario constituye un error y cuándo representa un delito?
Es uno de los grandes retos. Las decisiones de los gestores tienen un grado de discrecionalidad sobre el cual el sistema de control no debe intervenir. Por ejemplo, cuando se toma la decisión de hacer una obra. Mientras yo sea contralor, el sistema de control no va a discutir si la obra debió hacerse o no. Si empezamos a pronunciarnos sobre eso, dejamos de ser controladores y nos convertimos en los formuladores de la política.

— Ha enfatizado en que la reforma demandará más fondos. Sin embargo, uno de los cuestionamientos a la contraloría es el crecimiento exponencial de su presupuesto.
El presupuesto de la contraloría debe tener una inyección de recursos inicial, pero luego debe estabilizarse o, incluso, reducirse. En ninguna entidad pública una tendencia de crecimiento exponencial es sostenible, porque nuestros ingresos públicos no crecen exponencialmente.

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