Hace alrededor de dos siglos Don José de San Martín dijo que más ruido hace un solo hombre gritando que cien mil callados. Es una pena que, hoy, quienes parecen entender mejor que nadie la frase del libertador sean movimientos extremistas los que, agrupando minorías pequeñas pero bien entrenadas en gritar a coro, crean la sensación de que la opinión mayoritaria es que el Gobierno ha perdido legitimidad popular por su supuesto actuar autoritario frente a los conflictos sociales.

En Cajamarca y varios otros lugares del país, los líderes extremistas vienen utilizando con éxito turbas violentas y aliados en la opinión pública para hacer pasar un sentimiento minoritario radical por la opinión prevalente. Se valen de que los medios suelen recoger sus disturbios, mas no la imagen de la mayoría de peruanos que los reprueba desde su hogar, deseando solo la paz y poder seguir trabajando para cuidar de sus familias. Son como quien, aprovechando tener un megáfono, utiliza el mismo para callar al resto y dar la impresión de que la única opinión que existe es la suya.

En este Diario, sin embargo, somos muy conscientes de que gritar fuerte no es un mérito. Por eso, creemos en el valor de escuchar a la población a través de un medio donde todas las voces tienen el mismo volumen: las encuestas.

De acuerdo con la encuesta nacional urbana de El Comercio que publicamos el anterior domingo, el 56% de los encuestados considera que la mayoría de las protestas son producto de la manipulación de dirigentes con ambiciones políticas. Asimismo, los encuestados opinan que los tres primeros responsables de los hechos de violencia en Cajamarca son el señor Gregorio Santos, otros líderes antimineros de la región y el señor Marco Arana, líder del movimiento Tierra y Libertad. Además, el 61% considera que en estas protestas hay intervención de grupos extremistas. Si bien la encuesta es solo a nivel urbano, es fuerte evidencia de que la mayoría de los peruanos no identifica estas protestas como pacíficas y legítimas.

De hecho, el 62% opina que el estado de emergencia es una medida válida para preservar la paz cuando se producen hechos de violencia y una importante mayoría también considera plenamente justificado el uso de la fuerza cuando se violan derechos: el 57% lo aprueba cuando se trata de marchas no autorizadas por las calles, el 74% si se bloquean pistas o carreteras, el 77% si se atenta contra oficinas públicas, el 79% cuando se atenta contra la propiedad privada y el 84% cuando se pone en riesgo la integridad física de las personas. Los encuestados reconocen que es misión fundamental del Estado aplicar la ley para proteger los derechos de los ciudadanos.

Por eso, engañan quienes quieren hacer creer que la mayoría de peruanos repudia la intervención de las fuerzas del orden en estos conflictos, pues recordemos que el estado de emergencia se implantó como una medida para detener los actos de violencia que atentaban contra la propiedad, el comercio y la seguridad de los mismos cajamarquinos. Y no olvidemos tampoco que los trágicos sucesos de Celendín ocurrieron a raíz de que una turba armada de cientos de manifestantes intentó tomar, literalmente a balazos, el local de la municipalidad.

¿Por qué, entonces, en el último mes se ha reducido en cinco puntos porcentuales la aprobación del presidente? ¿Por qué, además, el 71% desaprueba la manera en la que el gobierno del señor Humala viene afrontando las protestas contra Conga en Cajamarca? La explicación más coherente es que el Gobierno, hasta ahora, ha fallado en proteger las libertades de los peruanos cuando se trata de impedir que delincuentes se hagan pasar por pacíficos manifestantes.

No debemos caer en el juego mediático de aquellos manipuladores que quieren que creamos que el pueblo rechaza la aplicación de la ley y el uso legítimo de la fuerza para proteger la vida y propiedad de los peruanos. No podemos dejar que sus gritos nos confundan. En este Diario siempre les recordaremos que, si realmente creyeran en el diálogo democrático, tendrían que empezar por apagar su megáfono.