La jefa de la Sunat, Tania Quispe, anunció hace unos días que la recaudación del Impuesto a la Renta durante el 2012 fue 8% menor al año anterior gracias, en gran parte, a la caída de las exportaciones y del precio de los minerales. Ante este retroceso, la Sunat ha reconocido que debe diversificarse, ampliando la base tributaria. “Hoy por hoy estamos expuestos a los problemas que presenta la minería […] así que la ampliación de la base tributaria es necesaria”, declaró la funcionaria. De hecho, ya en el primer trimestre de este año las exportaciones sufrieron una contracción del 17,3%. Es lógico, pues, que la Sunat apunte a ampliar la base tributaria, algo que siempre se le ha reclamado.

Según sus propias metas, este año se ha propuesto incrementar el número de contribuyentes en 8% a fin de llegar a los 6,3 millones de peruanos. Sin embargo, la ampliación de la base tributaria supone la formalización de los contribuyentes. Y mientras el sector informal (que incluye aproximadamente el 80% de la PEA) considere que los costos de la formalización excedan sus beneficios, no habrá manera de incluirlos. Por lo tanto, un plan de ampliación de la base tributaria tendría que venir de la mano con uno de reducción de los costos de la formalidad, no solo para facilitar el incremento de la recaudación, sino para facilitarle la vida a los emprendedores, que son la base del crecimiento de la economía y del empleo, y por lo tanto, de la propia recaudación.

Pero lo que hace este gobierno es todo lo contrario. Al mismo tiempo que la jefa de la Sunat anunciaba planes de ampliación de la base tributaria, 30 organizaciones de microempresarios y pequeños empresarios convocaban una conferencia de prensa para advertir públicamente que el gobierno está ahogándolas con normas que agregan más costos a la formalidad y que, de no flexibilizarse o derogarse, acarrearán la quiebra de sus empresas o su informalización.

Entre las normas mencionadas están, por ejemplo, la ley de seguridad y salud en el trabajo que obliga a cumplir –bajo penas que pueden llegar a diez años de cárcel– unos estándares que no existen ni en las economías más avanzadas del mundo. Por su parte, la ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) encarece hasta en 900% el valor de las multas. También mencionaron la ley de la persona con discapacidad, que sin duda reconoce los derechos de los discapacitados, pero impone inversiones desmedidas que la mayor parte de las microempresas y pequeñas empresas no estarían en condiciones de sufragar.

Esto para no hablar de una legislación laboral general que es, en sí misma, excesivamente rígida, onerosa y, por lo tanto, excluyente. Excluyente, de hecho, a un nivel que no debe subestimarse: como resultado de tener una de las 20 legislaciones laborales más rígidas del mundo el 70% de las microempresas son informales y aproximadamente el 61% de la producción nacional (PBI) se realiza desde la informalidad.

Se dirá que pese a todo ello la Sunat ha logrado ampliar la base tributaria, de modo que ese no sería un problema real. Pero es precisamente ‘pese a todo ello’ que lo ha logrado. El crecimiento de la economía viene siendo tan potente que hay empresas que alcanzan los ingresos suficientes para darse el lujo de formalizarse a pesar de los elevados costos no salariales del trabajo y de una tasa muy alta del Impuesto General a las Ventas (que, dicho sea de paso, debería reducirse en varios puntos para ayudar a incorporar a los pequeños). Pero todo tiene su límite. Normas como las mencionadas suponen un peso adicional a una carga que ya era demasiado grande, de modo que ponen en jaque la meta que se ha propuesto la Sunat e incluso podrían generar un retroceso, como ya lo han advertido los mismos microempresarios.

Lo ideal es que cada vez haya más empresas y que estas puedan crecer irrestrictivamente. De esta forma se recaudaría más dinero. Solo que ello no será posible si el Estado no les permite siquiera levantarse, obligándolas a permanecer o a volver donde no puede verlas: en la clandestinidad.