La Carta Democrática Interamericana tuvo su origen en una iniciativa que presentó el Perú para que la Organización de Estados Americanos (OEA) tuviese una herramienta para enfrentar los abusos de poder que pongan en riesgo la democracia de los países miembros. La experiencia que llevó a nuestro país a promover esta iniciativa fue la del gobierno de Fujimori. Este demostró que un régimen antidemocrático puede existir bajo la fachada de un Estado que, formalmente, cuente con tres poderes y realice elecciones.

Para evitar este tipo de situaciones, la Carta establece que cualquier grave afectación del “orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno” en los órganos de la OEA. Y –dice la Carta– cuando uno de estos obstáculos se presente, el secretario general podrá convocar al Consejo Permanente para adoptar las acciones necesarias. Esto es lo que se esperaría que hubiese hecho el actual secretario de la OEA, José Miguel Insulza, frente a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que avaló indefinidamente la continuidad del gobierno de Chávez a pesar de que él no juró como lo exige su Constitución.

Sorprendentemente, el señor Insulza no solo se ha abstenido de tomar acciones, sino que además ha justificado la posición del Gobierno bolivariano. El secretario general señaló que “la OEA respeta cabalmente la decisión tomada por los poderes constitucionales de Venezuela”. El tema –según él– ya ha sido “resuelto” porque “lo planteó el Ejecutivo, lo consideró el Legislativo y lo resolvió el Judicial”.

Curiosa forma de entender la democracia la del despistado señor Insulza, quien parece no haber notado que realmente ha dicho que el tema lo planteó el chavismo, lo consideró el chavismo y lo resolvió el mismo chavismo.

En Venezuela el Legislativo, a nadie le cabe duda, marcha al lado del Ejecutivo. 98 de los 165 escaños de la Asamblea Nacional son ocupados por el partido oficialista. Esto, en gran parte, gracias a una elección donde los candidatos del chavismo tuvieron una enorme ventaja: contar con el populista apoyo de su gobierno. Chávez, incluso, no tenía problemas en declarar abiertamente días antes de la elección, refiriéndose a los candidatos de la oposición, que los iban a “demoler para continuar teniendo una Asamblea Nacional revolucionaria roja rojita” y que iban a “volver polvo a los escuálidos”.

Y si el Legislativo va al lado del Ejecutivo, el Judicial, en el mejor de los casos, camina detrás. En el 2004 el gobierno de Chávez logró copar el TSJ aumentando de 20 a 32 sus integrantes y nombrando a sus partidarios en los nuevos cargos. El “copamiento” fue tan efectivo que su presidenta, Luisa Estella Morales, llegó a afirmar públicamente que “la división de poderes debilita al Estado” (lo que Chávez comentó al día siguiente precisando que “todo lo que divide debilita”). Posteriormente, tras las elecciones legislativas del 2010, el gobierno tuvo éxito nuevamente al capturar al TSJ mediante la reforma de la ley que regula el proceso de designación de sus magistrados.

Como si esto no fuera suficiente, durante estos años Chávez ha sido muy efectivo para enseñarles a los jueces venezolanos quién manda en la república bolivariana. Un ejemplo claro es el de la jueza María Lourdes Afiuni, quien en el 2009 –cumpliendo una recomendación de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas– cometió el pecado de otorgar libertad condicional a un crítico del gobierno. El presidente declaró que ella debía recibir treinta años de prisión, luego de lo cual fue inmediatamente apresada y reemplazada por un juez provisional leal al gobierno. La magistrada Afiuni permaneció por un año en la cárcel, donde –según ella– fue golpeada y violada. En el 2010 se le concedió arresto domiciliario y aún espera ser juzgada.

Así, parece que el secretario general de la OEA hubiese olvidado casi 15 años de denodadas acciones del Gobierno Venezolano para colocar detrás de cada uno de los tres poderes del Estado a la misma persona: el comandante Chávez. Y su olvido sabe a traición (quizá motivada por su necesidad de contar con el voto del eje bolivariano para su reelección), porque la OEA existe justamente para proteger a los ciudadanos de gobiernos abusivos como este.