(Editorial) Grifos con trampa

“Al Estado le interesa el tema de los grifos”, declaró la semana pasada Jorge Merino, ministro de Energía y Minas, al anunciar que el gobierno está considerando que Petro-Perú adquiera las estaciones de servicio que tiene la empresa Repsol en nuestro país. Que existe dicho interés estatal no es novedad, pues, desde sus inicios, este gobierno ha sido muy enfático en su intención de engordar aun más al enorme paquidermo que es la petrolera estatal (a pesar de que la Constitución se lo prohíbe expresamente). La pregunta que el señor Merino debería hacerse, sin embargo, no es si al Estado le interesan los grifos privados, sino si a los peruanos nos interesa (o nos sirve de algo) que haya más grifos estatales.

Según el ministro, la finalidad de la compra de los grifos sería que Petro-Perú sirva como un “regulador de los precios”: si el resto de grifos no reduce sus tarifas pudiendo hacerlo –sostiene–, la empresa estatal forzaría la reducción vendiendo combustible más barato en sus estaciones. El ministro, no obstante, pasa por alto que toda empresa que realmente tenga la posibilidad de bajar sus precios va a reducirlos –sin necesidad de que exista una empresa estatal al lado– por la sencilla razón de que, si no lo hace ella, lo hará su competencia con la finalidad de quitarle sus clientes. Si no fuese así y realmente fuese necesario tener una empresa pública para que se reduzcan los precios, deberíamos tener supermercados, talleres mecánicos, hoteles y sangucherías estatales, entre otros negocios, para bajar también los precios en estos mercados.

Algunas personas, sin embargo, argumentan que el problema es que los grifos se pueden poner de acuerdo para no competir. Ello, no obstante, es muy difícil en este mercado debido a que no sería posible reunir a todos los competidores para adoptar este acuerdo. De las 3.850 estaciones de servicio en el ámbito nacional, 2.044 pertenecen a propietarios independientes y el resto a Repsol, Pecsa, Primax y Petro-Perú. Y, en todo caso, si existiese algún tipo de concertación de precios, el remedio sería que el Indecopi sancione a los concertadores –como hace en el resto de industrias–.

Por otro lado, lo cierto es que, salvo que los funcionarios del ministerio hayan descubierto una innovadora estrategia empresarial que le permita a Petro-Perú ser más eficiente que el resto de grifos privados (en cuyo caso mal negocio harían quedándose en sus puestos en vez de gerenciar una distribuidora de combustible), la única forma en que la empresa estatal podría vender más barato que el resto sería gracias a un subsidio del fisco.

Esta estrategia, por supuesto, sería tramposa. Para empezar, con el consumidor, pues le haría creer que el grifo le cobra un precio más bajo, pero no le advertiría que lo que no pague en la caja del grifo lo pagaría en la caja de la Sunat.

Además, sería tramposa con los competidores, que no tienen la facilidad de poder echar mano de los recursos públicos para ayudar a su negocio. Esto desincentivaría la inversión en este mercado, ¿pues a quién le interesaría invertir en un negocio en el que tiene que enfrentar la competencia desleal de una empresa estatal subsidiada? La participación de Petro-Perú, en vez de aumentar la competencia, podría terminar desincentivándola.

Finalmente, la estrategia sería tramposa con los ciudadanos más necesitados del país. Después de todo, cada sol que el gobierno invierta en un nuevo grifo sería un sol que ya no estaría disponible para destinarlo a finalidades básicas que el Estado tiene bastante desatendidas, especialmente en las zonas más pobres, como educación, salud o seguridad.

Y lo más paradójico de esta situación es que si Petro-Perú tuviese éxito en utilizar el subsidio estatal para ofrecer combustible a menores precios, los beneficiados con esta innecesaria inversión estatal serían ciudadanos que difícilmente se encuentran en situación de necesidad, pues los grifos que adquiriría de Repsol están principalmente en Lima y en las zonas con mayores recursos del Perú. Así, en el mejor de los casos, incluso si todo saliese como el gobierno espera, los peruanos más pobres tendrían mucho que reprochar al ministro Merino (aunque los vecinos de distritos como San Isidro, Miraflores y La Molina quizá se lo podrían agradecer).