Editorial: Limitación de tierras: freno al desarrollo nacional

El Perú se consolida cada vez más como una nación competitiva, sumamente atractiva para las inversiones y despunta ya en la agroexportación con productos como la palta Haas, los espárragos, cítricos orgánicos, páprika, mangos, entre otros.

En este escenario resulta anacrónico y preocupante que un grupo de congresistas, principalmente del partido de gobierno y con el ex primer ministro Jorge del Castillo a la cabeza, haya tenido la peregrina ocurrencia de presentar un proyecto que pretende limitar a 40.000 hectáreas la tenencia de tierras agrícolas en la costa. Se trata de un peligro para el ordenamiento legal, el derecho a la propiedad y una pésima señal ara los inversionistas, amén de un freno para el despegue del país como agroexportador.

Resulta contradictorio que para actividades como la minería o la forestería se concesionen extensiones de tierras de varios cientos de miles de hectáreas, cuando no millones. ¿Por qué entonces perjudicar y ponerle un corsé a la agricultura?

La Constitución en su art. 88 señala: “El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario”, pero el proyecto en cuestión, lejos de apoyar, la castiga; y en su art. 72 acota que “la ley puede, solo por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente restricciones y previsiones específicas para la […] posesión de determinados bienes”. En este caso el bien es la tierra y resulta ridículo sugerir que el empresario agrícola es un riesgo para la seguridad nacional.

Según ha dicho el presidente Alan García, el Perú se perfila como “el país piloto” de Sudamérica por el crecimiento de sus inversiones. Nos invoca a poner el hombro para “mantener el círculo virtuoso del desarrollo por los próximos cinco a diez años, a fin de afianzar su desarrollo en la región”. Y no hay peruano ni peruana en desacuerdo con apoyar eso que a todos beneficia.

Ahora, sin embargo, varios parlamentarios de su propia bancada impulsan un proyecto de ley que en esencia recorta el derecho a la propiedad de los inversionistas sin explicaciones racionales ni asomo de beneficio. No se entiende la motivación que lleva a sacar de la manga este proyecto antitécnico y antiagrícola.

El asunto termina siendo una simple cuña para los esfuerzos que, desde su primer gobierno, ha realizado el presidente García en pro de la expansión de la frontera agrícola, como las grandes irrigaciones del norte peruano —Chavimochic, por ejemplo—, que convirtieron el desierto en un polo de desarrollo y en un paisaje de productivo verdor.

Lo que plantean del Castillo y otros parlamentarios oficialistas es tan descabellado que ha merecido la opinión contraria de los ministerios de Agricultura y de Vivienda, así como del Indecopi, que lo consideran riesgoso e innecesario. El empresariado, a través de la Confiep y la Sociedad Nacional de Industrias, ha advertido que insistir en el malhadado proyecto implicaría quebrantar la estabilidad jurídica y ahuyentar a potenciales inversionistas.

¿Por qué el tope de 40 mil hectáreas que, en el debate, podría bajar a 20 mil o 10 mil o menos, según los aplausos de los lobbistas o de las galerías? ¿Por qué se limita la propiedad solo en las tierras costeras para el caso agrícola y no en las otras regiones ni para otras actividades? ¿A qué se debería esta diferenciación, cuando por contraste se siguen aprobando concesiones mineras, petroleras y forestales sin limitación? Es más, el Gobierno acaba de entregar dos lotes petroleros a la empresa Savia (antes Petro-Tech): miles de hectáreas de suelo submarino entre Huacho y Cañete.

El tema es extraño y poco transparente. Compete al Gobierno aclarar esta iniciativa que parece haber sido gestada con nombre propio y que le resta al Estado su rol promotor de la inversión privada.

¿Qué pasará con el “boom” agroexportador, engranaje de un potente círculo virtuoso de empleo y dinamismo de economías regionales y de la nacional?

Son varias las empresas que han invertido grandes capitales y superior esfuerzo para reflotar a las ex cooperativas, otrora grandes haciendas colapsadas por el experimento expropiador del velascato. Inversiones y esfuerzo que han logrado que pasemos de importadores a exportadores de azúcar.

Es pertinente un llamado a la sensatez para que el proyecto de limitación de propiedad sea rechazado, como lo reclaman los gremios especializados.