(Editorial) Mil millones 
al agua

La semana pasada, el presidente Humala anunció que el gobierno destinará S/.1.000 millones al mantenimiento de las tuberías de Sedapal. Resulta así que como esta empresa no es lo suficientemente rentable para mantener su infraestructura, se usará dinero de todos para darle una mano.

El gobierno olvida que el problema de Sedapal no es la falta de recursos, sino la falta de incentivos para hacer bien su trabajo. A diferencia de otros servicios públicos que fueron privatizados y que expandieron considerablemente sus redes y bajaron sus tarifas, Sedapal sigue siendo estatal. Es decir, no tiene dueño y, por tanto, nadie detrás de ella está interesado en hacer las cosas bien para hacerla cada vez más rentable.

No es casual que por la ineficiencia de Sedapal alrededor de 30% de los limeños más pobres no tengan cobertura y se vean forzados a abastecerse de camiones que les cobran por el agua diez veces lo que pagan los vecinos de San Isidro (que sí tienen conexión a la red). No es tampoco coincidencia que por cuarenta años la empresa no haya mejorado su infraestructura en Villa María del Triunfo, lo que llevó a que en diciembre se produzca una inundación que afectó cien viviendas.

Ya hemos subsidiado suficiente a Sedapal. Hace unos cuantos años, el Estado tuvo que inyectarle S/.3.000 millones para que pudiese pagar sus impuestos. Eso no la volvió más eficiente en su momento, como tampoco lo hará la nueva inyección de dinero de la que hoy se habla y que, además, bien utilizada podría servir para, por un año, multiplicar por cinco el presupuesto de Cuna Más o lograr que el programa Juntos atienda a alrededor de 800 mil nuevas familias.

No nos engañemos. Lanzándole más dinero, Sedapal va a arreglarse lo mismo que se arreglaría una tubería rota por la mitad si se bombea más agua por ella.

EFECTOS SECUNDARIOS Todos somos conscientes de que los medicamentos que tomamos para calmar un dolor o curar una enfermedad pueden tener indeseados efectos secundarios. Lo que no siempre advertimos es que los fármacos, en este aspecto, se parecen a las leyes: ambos pueden causar daños que en ocasiones generan que la cura sea peor que la enfermedad.

Este podría ser el caso de la ley que creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para sancionar el incumplimiento de las normas laborales. Y es que si bien tener a una entidad encargada exclusivamente de estas tareas puede contribuir a controlar mejor a los empleadores, la manera en la que se financiará esta nueva institución puede generar peligrosas reacciones adversas.

El presupuesto de la Sunafil será obtenido de las multas que imponga y que efectivamente llegue a cobrar. Quizá esto se hizo para que los funcionarios de la institución tengan un buen motivo para perseguir a todas las empresas infractoras. Pero, a la vez, este sistema crea incentivos para que ellos impongan multas innecesariamente elevadas o, en el peor de los casos, para que interpreten los hechos a fin de que calcen en alguna infracción tipificada (después de todo, sus aumentos, entre otros beneficios, dependerán de ello). De ser así, la Sunafil no solo podría generar situaciones injustas, sino también elevar el costo de contratar trabajadores y fomentar el empleo informal (que paradójicamente tiene que combatir).

¿Qué hacer? Pues que el financiamiento de la entidad no dependa de las multas impuestas, sino que esté sujeto al presupuesto por resultados, como debería estarlo el de cualquier otra entidad.