El director regional de Educación del Gobierno Regional de Ayacucho, Guadalberto Aronés Infante, ha sido denunciado por la Procuraduría Regional Anticorrupción por haber inducido a una ex secretaria de la entidad a tener relaciones sexuales a cambio de renovar su contrato de trabajo. Entre las frases recogidas por la denuncia, que el acosador habría usado para convencer a su víctima, figura una particularmente significativa: “Es normal, es parte de la sociedad, es simple”.

Pese a su seriedad ética y penal, el asunto podría parecer circunstancial y, por tanto, irrelevante para un análisis más amplio. No obstante, la corrupción que muestra no es aislada, sino un elemento estructural del funcionamiento de buena porción de nuestro sistema educativo estatal. En otras palabras, el chantajista no habría estado tan lejos de la verdad al decir que “es normal, es parte de la sociedad, es simple”. Al menos en lo que respecta a su sector laboral, estas y otras formas de corrupción parecen ser, efectivamente, bastante normales y simples.

En esta dirección apunta, por ejemplo, un estudio del antropólogo Ludwig Huber, del Instituto de Estudios Peruanos, sobre la corrupción en el sector Educación en Ayacucho – es decir, precisamente el universo en el que el señor Aronés trabaja–. De esta forma, el estudio encontró corrupción en todos los niveles, “desde la pugna entre el gobierno regional y la Dirección Regional de Educación para colocar gente de su entorno en las UGEL provinciales, pasando por la corrupción en la burocracia y en las instituciones educativas, hasta el aula”. Directores que cobran o chantajean para contratar a un postulante a profesor, burócratas que hacen descuentos irregulares, profesores que venden notas, son todas conductas prácticamente institucionalizadas.

La investigación de Huber profundiza en algunas causas culturales para explicar esta corrupción. Sin embargo, es difícil no relacionar la misma con la situación de derechos inexpugnables y poderes arbitrarios que ha preponderado durante décadas en el sector Educación. Esto es, con el statu quo el nuevo sistema meritocrático de la Ley de Reforma Magisterial (LRM) busca combatir en lo que toca a los profesores, y el Proyecto de Ley del Servicio Civil, en lo que toca a los administrativos. Después de todo, ahí donde no hay controles ni rendiciones de cuentas y donde los burócratas son los dueños y señores de sus posiciones – gracias a una estabilidad laboral absoluta que los hace inexpugnables– es normal que proliferen los abusos de todo tipo, incluyendo el uso y la negociación de los recursos públicos como si fueran propios (o patrimonialismo). Y lo mismo cuando la manera de obtener, retener y mejorar puestos no es a través de méritos probados por la competencia y/o por evaluaciones con algún grado de objetividad, sino por todo tipo de vínculos y favores personales y partidarios.

Así las cosas, la pésima calidad de la educación que reciben en el Perú quienes no tienen recursos no es el único motivo (aunque ciertamente sí es suficiente) para que resulte indignante la oposición del Sutep al sistema meritocrático de la LRM, cuya inconstitucionalidad ahora pretende demandar. Otra razón es la corrupción feudal, llena de pequeños señoríos, sátrapas y relaciones serviles, que prevalece en el sector. Y es que no hay mejor conjuro contra la corrupción que la meritocracia: con la llegada de las evaluaciones objetivas de rendimientos individuales, por ejemplo, sería mucho más difícil que un maestro o maestra tenga que recurrir a pagos –monetarios o de otro tipo– para contratos o ascensos. Aunque, desde luego, tal vez sea mucho pedir que le molesten los amarres y los feudos, y que se abra a la competencia y la meritocracia, a un gremio que desde hace largas décadas ininterrumpidas viene siendo manejado por integrantes del mismo partido (el maoísta Patria Roja). Para el resto de la sociedad, empero, la lección sí debe ser clara: además de por la eficiencia, es para luchar contra la corrupción que hay que apoyar la LRM y, en general, a todo lo que suponga romper feudos en el sector público.