02 de octubre del 2014 15 °C

(Editorial) Nuevo atentado contra los asháninkas

Se trata de garantizar inversiones pero responsables, de proteger a las comunidades indígenas, el equilibrio ambiental y a la Amazonía…

El presidente Humala ha reiterado, en entrevista con El Comercio, su respeto al medio ambiente y al cumplimiento de los acuerdos comerciales. ¿Pero qué pasa cuando los contratos atentan contra los derechos de las personas y el ecosistema, como sucede con los convenios energéticos que proyectan colmar la Amazonía de hidroeléctricas?

Como ha denunciado nuestro Diario, los ex presidentes Alan García e Inácio Lula da Silva acordaron, entre el 2008 y el 2010, levantar por lo menos 15 hidroeléctricas que, además de inundar bosques y alterar el ecosistema amazónico, ocasionarían el desplazamiento inconsulto de miles de asháninkas que obviamente no están dispuestos a abandonar territorios que han ocupado ancestralmente. Peruanos que por segunda vez en sus vidas tendrían que huir, ya no del terrorismo que los asoló en los años 80, sino de una supuesta modernidad que no respeta a las minorías.

Los proyectos Tambo 40 y Pakitzapango son también abominablemente inequitativos. Plantean abastecer de electricidad al Perú y exportar a Brasil, por 30 años, un ‘excedente’ que, en realidad, no es tal. Significaría enviar al vecino país 80% de la producción en el primer decenio, 60% en el segundo y 40% durante el tercero. Recién después de 30 años la electricidad se quedaría en el país, y con una Amazonía bastante menoscabada.

La situación se complica si, como precisa la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, el Perú no tiene un estudio de demanda energética que le permita estar seguro de que puede dar porcentajes tan altos de electricidad a Brasil.

Estos acuerdos no tienen futuro y deben ser revisados de inmediato por el actual gobierno, por sus nefastos impactos sociales y ambientales. Los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente tendrán que tomar medidas frente a los conflictos sociales que esto puede originar. La participación de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la PCM y el recientemente constituido Comité de Crisis tienen un arduo trabajo por delante.

Se requerirá firmeza para defender la posición peruana ante el Gobierno Brasileño por los efectos que tendrá este escándalo medioambiental y político, a poco de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sustentable 2012, más conocida como Río+20. Y sobre todo cuando el Perú trata de avanzar en la aplicación del Proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Países en Desarrollo (REDD), mecanismo que se enmarca dentro de las medidas pos-Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la asignación de fondos y así detener la tala de bosques.

En retrospectiva, hoy resulta más claro a qué se refería la cuestionada teoría del perro del hortelano expuesta por el ex presidente Alan García, sobre los alcances de la inversión privada y el manejo de las tierras ocupadas por comunidades étnicas.

Si este problema lo causó el régimen aprista, el actual gobierno tendrá que solucionarlo. Se trata de garantizar inversiones pero responsables, de proteger a las comunidades indígenas, el equilibrio ambiental y a la Amazonía que, irónicamente, acaba de ser reconocida como una de las siete maravillas naturales del mundo.

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