(Editorial) El perro del hortelano (de la seguridad)

En la encuesta que publicamos este domingo, 49% de quienes desaprobaban la gestión del presidente Humala afirmaban hacerlo debido a la inseguridad ciudadana y a la delincuencia que actualmente existe en nuestro país. Se trata, nadie podrá negarlo, de un problema que afecta a muchísimos peruanos. Una encuesta del INEI realizada durante el segundo semestre del 2012 reveló que de cada 100 personas encuestadas, 38 habían sido víctimas de la delincuencia. Por otro lado, según el Plan de Seguridad Ciudadana 2013-2018, las denuncias policiales por diversos delitos han tenido un alza de 37% del 2010 al 2012, pasando de 617 a 846 por cada 100 mil habitantes.

A falta de un Estado que proteja efectivamente a los ciudadanos, es natural que estos intenten protegerse comprando un arma o contratando el servicio de vigilantes privados. Pero el gobierno, aparentemente, es una suerte de perro del hortelano en lo que toca a la seguridad: no protege ni deja que las personas se protejan. Y es que este año ha creado nuevas regulaciones que hacen extremadamente difícil que los privados puedan obtener una licencia para portar armas.

Para empezar, sin que exista una aparente justificación, si antes este permiso tenía una vigencia de cinco años y su trámite no costaba más de S/.350, actualmente el permiso debe renovarse cada año y el trámite asciende a unos S/.900.

Como da cuenta una nota publicada en este Diario por Luis García Panta, la mayor traba, sin embargo, es otra: la obtención del certificado de salud mental, necesario para tramitar o renovar la licencia. En vez de mejorar el proceso de certificación de las clínicas privadas que podían otorgar dicho certificado (y de incluso establecer duras sanciones para los profesionales que certifiquen a quien no deben), desde julio el trámite pasó a ser prerrogativa exclusiva de los hospitales designados por el Minsa. Y con la burocratización vinieron más problemas. Primero, el Minsa demoró en designar los lugares en los que se expedirían los certificados. Luego, meses después y una vez anunciados los dos hospitales elegidos, surgieron diversos problemas para comenzar a expedirlos. Tanto es así que el viernes pasado, día en el que se había anunciado que se comenzaría a expedir los certificados, en el hospital San José no se atendió a los usuarios, y en el hospital Carrión se dijo que recién el lunes el director tendría una reunión con los médicos para ver el procedimiento de estos exámenes.

Actualmente –según Rodrigo López, presidente de la Asociación Peruana de Propietarios Legales de Armas de Fuego, y Thomas Saldías, coordinador de la Coalición por un Perú Libre de Armas Ilegales–, la atención solo se da en el hospital San José, pero con una capacidad limitadísima: solo se expiden ocho certificados de salud mental al día y las citas ya están copadas hasta fin de año. La magnitud del problema se entiende cuando vemos que –según la Sucamec– actualmente 190 mil licencias para portar armas se encuentran vencidas. Así, queda claro que incluso si la atención comenzase en el hospital Carrión las probabilidades de que esto solucione el problema que actualmente enfrentan quienes desean obtener un certificado médico son muy pocas. A esto, además, hay que sumarle que al restringir la obtención del certificado a dos hospitales ubicados en el Callao el gobierno se ha olvidado olímpicamente de los tenedores de armas de provincias.

El gobierno considera que estas medidas han sido necesarias para restringir el acceso de los delincuentes a las armas y, así, reducir la criminalidad. Pero esto pasa por alto una verdad de Perogrullo: los delincuentes no sacan licencias ni registran sus armas. Ellos las consiguen en el mercado negro, pues de lo contrario sería mucho más fácil rastrearlos. Y este mercado, además, no parece tener problemas en abastecer a los criminales; se estima que existen 300 mil armas ilegales en manos de la delincuencia.

El Estado hace mal en estorbar a las compañías de seguridad y a los ciudadanos que desean portar armas para defenderse. A quienes el Estado debería dificultarles la vida es a los delincuentes y no a sus potenciales víctimas.