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(Editorial) Reducción de la desnutrición, inclusión y presupuesto por resultados

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, ha señalado que el gobierno del presidente Ollanta Humala busca reducir la pobreza de 31,3% a 20% en los próximos cinco años y la desnutrición crónica infantil a niveles de 10%.

Esto demanda, sin duda, un trabajo riguroso y sistematizado. El ex ministro del gobierno aprista Luis Carranza, en entrevista con nuestro Diario, había adelantado ya que, siguiendo el camino trazado con el diseño del Presupuesto por Resultados e inyectando algo más de fondos a los programas sociales –con objetivos claros y definidos– la desnutrición puede disminuir tanto como hasta 6%. Es un tema fundamental para lograr la inclusión, elevar la calidad de vida, el respeto a derechos humanos básicos y en ello se juega el destino individual y el del país, que pasa por la salud y fortaleza de sus pobladores.

El último jueves El Comercio organizó una mesa redonda, encabezada justamente por el ex ministro Carranza, en la que participaron importantes gestores de las propuestas sociales, como la doctora Carmen Vásquez de Velasco, flamante directora de Cuna Más y el padre Gastón Garatea, entre otros. Se clarificó el abordaje de los problemas sociales y se hicieron una serie de recomendaciones. Esperamos con esto haber abierto un espacio de diálogo para el intercambio de enfoques, metodologías, técnicas y propuestas que contribuyan al éxito de los programas sociales, especialmente en lo que se refiere a la desnutrición crónica: casi el 18% de los niños y niñas entre 0 y 5 años de edad la padecen.

Los participantes en la mesa, entre ex ministros, técnicos, autoridades y representantes de la sociedad civil y de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, coincidieron en priorizar la nutrición. Un niño desnutrido, efectivamente, no solo enfrenta más posibilidades de contraer enfermedades sino que no asimila eficientemente la enseñanza escolar. Esto, a su vez, disminuye sus posibilidades de realización personal y social. El respeto a los derechos de la niñez y su futuro tiene un valor intrínseco de dignidad y constituye un indicador del desarrollo de nuestra sociedad. Como bien se dijo, evitar los daños en la primera infancia es una responsabilidad que el Estado no puede rehuir.

Resulta crucial la observación del ex ministro Carranza, quien ha enfatizado que la premisa básica no debe ser dar utilidad a los programas sociales existentes sino evaluar las necesidades más acuciantes de los ciudadanos que sufren los estragos de la pobreza y, a partir de allí, plantear los objetivos y diseñar una nueva estructura y metodología, identificando a las instituciones que pueden ofrecer los mejores servicios.

El Presupuesto por Resultados, que ha demostrado éxito en programas nutricionales, es una herramienta de aplicación internacional que no debe ser desperdiciada por las nuevas autoridades. Se trata, además, de contar con una autoridad nacional que articule y regule las intervenciones del Estado, así como el uso eficiente del gasto social para mejorar los niveles de vida en todo aspecto. Definir metas y estrategias, lograr sinergias y monitorear los programas en cada etapa para asegurar su eficacia es primordial.

En la mesa del jueves se hicieron dos observaciones importantes: alertar sobre el riesgo de caer en la tentación de programas populistas o proselitistas y establecer incentivos para que los beneficiarios, en este caso los padres de familia, se preocupen por integrarse a la cadena productiva, desmarcándose del asistencialismo puro.

Las zonas rurales deben tener prioridad en estos programas, pues sus niños son los más afectados. Como bien lo ha dicho la esposa del presidente, Nadine Heredia, en su visita a Acobamba, Huancavelica: “En la agenda del Gobierno estará el apoyo a los niños y adolescentes, a las gestantes, la disminución de la desnutrición […]; en general, la lucha frontal contra la pobreza”.

La inclusión pasa, entonces, necesariamente por la implementación de programas técnicos, articulados, efectivos y transparentes, en un esquema de presupuesto por resultados.

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Editorial de El Comercio