(Editorial) Restas que suman

Hace unos días, ante el anuncio del ministro de Economía de su intención de ejecutar un gasto estatal “contracíclico” como parte de su plan para enfrentar la desaceleración de nuestro crecimiento, nosotros sostuvimos que si el Gobierno quería inyectar dinero a la economía, un mucho mejor camino sería ponerlo en las manos de las que salió en primer lugar: las del contribuyente. Nuestro Estado ha demostrado más de una vez que la rapidez al gastar no es una de sus virtudes, mientras que, en cambio, está claro que sí es un requisito indispensable de un gasto que pretenda ser efectivo para detener una desaceleración que comienza. Además, nadie sabe mejor que los privados cuáles son sus necesidades reales por lo que darles la elección a ellos de en qué gastar el dinero “contracíclico” tiene también un efecto positivo sobre la calidad que este gasto tendrá.

Pues bien, en el marco de la apertura del Gobierno a dialogar con la oposición para encontrar consensos, se ha sugerido una manera muy concreta y factible de llevar a cabo esta inyección de dinero a la economía por medio de los privados. Nos referimos a la propuesta de reducir la tasa del IGV en un punto porcentual, pasándolo del 18% al 17%.

Se dirá que una medida así haría caer la recaudación. Pero nosotros creemos que sería más bien lo contrario y tenemos buena base para ello: el pasado cercano. En efecto, cuando en marzo del 2011 el gobierno anterior redujo el IGV de 19% a 18%, la jefa de la Sunat, Nahil Hirsh, advirtió que esa medida tendría un costo fiscal de S/.3 mil millones en el año. Sin embargo, no solo no hubo tal costo, sino que la recaudación subió: ese año, el 2011, se recaudaron 5 mil millones más por IGV que el año anterior. Es decir, la medida fue un éxito total.

No es el caso que este éxito fuera asunto del azar. Bajar el IGV pone más dinero en los bolsillos de la gente, que entonces consume más. Esto, a su vez, aumenta la recaudación. Además, si a ello le sumamos el efecto que toda reducción de impuestos puede tener en la formalización de las actividades económicas, tenemos un segundo factor de incremento de la recaudación.

Por lo demás, la tasa actual de 18% no es socioeconómicamente realista en una economía como la nuestra, que no es aún desarrollada. Nuestros niveles de ingreso familiar y de informalidad no toleran un sacrificio tan grande. Es cierto que los ingresos familiares han crecido considerablemente en los últimos veinte años, pero en la gran mayoría de los casos las personas han salido de la pobreza y han tratado de ponerse al día adquiriendo bienes y servicios básicos a los que no tenían acceso antes. Una reciente encuesta nacional urbana de Datum revela que el 74% declara que lo que ganan en su hogar no les permite ahorrar. Solo un 23% puede hacerlo. Es obvio que para personas que están emergiendo económicamente y que carecen de capacidad de ahorro, en parte porque están comprando lo que antes no tenían, una carga de 18% sobre el precio de todos los bienes y servicios es excesiva.

Ciertamente, lo anterior ayuda a explicar por qué nuestra tasa de evasión al IGV está alrededor del 35%, pese a todos los sistemas de detracciones y retenciones que se han inventado. Y ayuda a entender también –junto con todas las otras barreras irracionales (tributarias o no) que ponemos a la formalidad– por qué, pese a que la pobreza y el subempleo se han reducido apreciablemente, el número absoluto de trabajadores informales ha aumentado en casi un millón entre el 2004 y el 2011.

En América Latina, Brasil tiene un IVA (Impuesto al Valor Agregado: el equivalente a nuestro IGV) de 11%. México y Colombia, de 16%. Los países de Centroamérica poseen una tasa promedio de 12%. Ecuador está en 12%, Bolivia en 13%. Solo Chile tiene una tasa de 19%, pero ese es un país con un ingreso per cápita bastante superior, en el que la informalidad casi no existe y donde el impuesto a la renta es mucho más bajo que en el Perú.

En realidad, el país debería tener un plan para ir reduciendo el IGV a razón de un punto por año, hasta llegar a un 14%, un nivel que sí facilitaría en mayor medida la formalización de la economía y el empleo. El Perú necesita, para avanzar a otro nivel de desarrollo, terminar de liberar a los emprendedores que hacen crecer a nuestra economía de las cargas que los abruman. Este es uno de esos casos, en fin, en que las restas solo suman.