Ayer, Día_1 publicó un informe sobre la necesidad de negociar nuevos tratados de liberalización comercial. Entre otras cosas, indicó con qué países sería interesante celebrar nuevos TLC. La India, por ejemplo, tiene 1.206 millones de consumidores y un PBI de US$1,8 billones. Rusia, por su parte, tiene un PBI superior al indio y Turquía –según Goldman Sachs– tendrá en el 2050 un PBI superior al de los países del G-7. Y a estos destinos se podrían sumar Emiratos Árabes, Indonesia o Sudáfrica. La necesidad de agilizar acuerdos con estas naciones, por lo demás, sería especialmente importante porque las exportaciones han caído durante el primer cuatrimestre en 14% y habría que abrir nuevos mercados para intentar amortiguar esta tendencia.

No obstante –según Eduardo Ferreyros, gerente general de Cómex-Perú–, la agenda comercial del Gobierno estaría paralizada. La prueba –según él– sería que a pesar de que la India, Turquía e Israel han manifestado su deseo de firmar acuerdos bilaterales con nuestro país, aún no han recibido una respuesta oficial del Perú.

El Gobierno ha respondido a esta crítica diciendo que el Mincetur tiene a sus técnicos ocupados negociando el Acuerdo Transpacífico y el acuerdo de la Alianza del Pacífico, así como desarrollando tareas de administración de los TLC vigentes. Estas tareas, nadie lo niega, son de gran importancia. Pero, si efectivamente se trata de un problema de escasez de recursos humanos, la solución debería ser –como precisó el gerente de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima– muy simple: contratar y capacitar más negociadores.

Este esfuerzo sería importante, en primer lugar, por la enorme cantidad de hogares peruanos cuyos ingresos dependen de las actividades vinculadas al comercio exterior (para tener una idea, solo en el 2012 exportamos US$45.228 millones). Y, además, porque la apertura del comercio internacional parece ser la única gran reforma económica en la que se ha profundizado a partir de la década del 2000, por lo que mal haría el Gobierno si no siguiera avanzando en ella.

Prueba de esto último es la evolución de la calificación que ha venido obteniendo el Perú en el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage publicado por “The Wall Street Journal”. Este índice mide cómo han evolucionado diez libertades económicas desde 1995 en 185 países, y es una de las principales fuentes utilizadas para medir la capacidad que tienen los individuos para trabajar, producir, consumir e invertir en un país.

Según el mencionado índice, desde el 2001 las libertades económicas en promedio prácticamente no han avanzado en el Perú, si es que no han retrocedido (lo cual debe resultar una sorpresa para aquellas personas que sostienen que en los últimos años el Estado Peruano prácticamente ha desaparecido). En el 2001, el Perú alcanzaba 69 puntos de los 100 del índice (siendo 100 la calificación que obtiene una economía absolutamente libre) y hoy alcanza 68. Comparativamente, además, hemos ido en reversa. En el 2001 ocupábamos el puesto 28 del ránking y hoy ocupamos el 43.

La puntuación del Perú en varias de las categorías de libertades económicas sobre las que existe data desde el 2001 (nueve de ellas) prácticamente no ha variado (en el caso más extremo se ha movido 3 puntos). Eso es lo que sucede con las categorías de facilidad para abrir negocios, presión tributaria, gasto estatal y estabilidad monetaria. Respecto a otras hemos retrocedido preocupantemente: es el caso de derechos de propiedad (de 51 puntos a 40), libertad financiera (de 70 puntos a 60) y corrupción (de 46 puntos a unos penosos 36). El único gran avance que ha registrado el índice desde el 2001 es la liberalización del comercio internacional. De 66 puntos hemos pasado a 85, habiendo avanzado además en el comparativo del puesto 76 al 45 de los 185 países.

Así las cosas, la única categoría en la cual, según el índice, se han profundizado reformas económicas ha sido el comercio exterior. Este fue el gran salto institucional de la década pasada y es responsable de buena parte del progreso que ha experimentado el país en los últimos tiempos. Mal haría entonces el Gobierno en convertir este salto en tropiezo, más aun cuando no parece tener bajo el brazo alguna otra gran reforma económica positiva con la cual marcar la presente década.