(Editorial) “En sus manos, el Perú”

La publicación de los audios de la reunión sostenida en el Poder Judicial (PJ) sobre el Caso Chavín de Huántar estalla como una bomba en medio de una espiral creciente de ataques entre el Gobierno y la oposición. No en vano los dos ahora ministros que protagonizan esa cita son los adalides principales de los ataques del Gobierno contra los señores García y Fujimori. Puede, desde luego, que se trate de una simple coincidencia, pero en cualquier caso es evidente que no se trata de una coincidencia que la oposición desaprovechará: ya los apristas han lanzado una moción para interpelar y acusar constitucionalmente a ambos ministros.

Es munición de alto calibre la que –siempre bajo el supuesto de la coincidencia– ha caído en manos de la oposición. Lo que se oye en el audio es una reunión en la que el entonces ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, y el entonces agente ad hoc del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Caso Chavín de Huántar, Pedro Cateriano, “dan a entender” a la jueza Carmen Rojjasi cuál sería la sentencia más conveniente para el Estado en el juicio que sobre el mencionado caso ella estaba presidiendo en el Perú, habida cuenta de que lo que se resolviera aquí tendría consecuencias en la corte. Una “explicación” que ocurre en presencia y con la activa participación de quien entonces era presidente del PJ, César San Martín.

Como resultará obvio para cualquiera que haya oído el audio, más allá del lenguaje sibilino utilizado en la mayor parte del mismo, esta reunión fue un intento de influenciar un proceso en curso y de violar, por tanto, la independencia del PJ. Ciertamente, lo sucedido no entra, como se nos quiere hacer creer, en la autorización que da la ley para que los distintos poderes del Estado “coordinen” la defensa jurídica del mismo ante una corte internacional. Una cosa es que un representante del Ejecutivo se reúna con el presidente del PJ para informarse, por ejemplo, de bajo qué argumentos jurídicos se resolvió en el Perú un caso que ahora se discute en una corte internacional y otra, muy diferente, intentar que en el país se produzca una sentencia a la medida de los intereses del Estado en dicha corte extranjera. El poder de coordinar una defensa que quiere ser limpia no puede incluir el de “coordinar” la fabricación de hechos ad hoc –como una sentencia– para ayudar a esta defensa.

Adicionalmente, vale la pena precisar que este intento de “persuasión” no parecía contar siquiera con el convencimiento de tener la verdad de su lado: el ministro, el agente y el juez supremo no dan la impresión de estar actuando convencidos de que eso que le sugerían sentenciar a la jueza –que el emerretista Cruz Sánchez, alias ‘Tito’, no fue ejecutado extrajudicialmente en la toma de la residencia del embajador de Japón– era la verdad. Más bien, parecían estar interesados en que ella sentenciase esto al margen de que fuese la verdad. Lo que implicaría que estaban dispuestos a soslayar las responsabilidades penales existentes –y, con ellas, la justicia– con tal de obtener un mejor resultado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, si es que, como lo sostiene el Gobierno –y como los hechos parecen mostrar– el autor de esta ejecución extrajudicial no fue uno de los comandos sino el jefe de otro destacamento –los llamados ‘gallinazos’– que ingresó a la residencia luego de terminada la operación, no se entiende la preocupación del Ejecutivo por establecer que no hubo ejecución extrajudicial.

Como fuere, la buena noticia acá es que el PJ demostró ser independiente frente a este intento de influenciarlo y falló en un sentido contrario al que pedía el Ejecutivo. Aunque, claro, que el Gobierno no haya tenido éxito en su intento de producir una sentencia a su medida no vuelve menos grave el que este se diese.

Por lo demás, y sin perjuicio de todo lo anterior, el que un delito como las escuchas y grabaciones ilegales haya proliferado hasta estarse volviendo en parte cotidiana –y a menudo decisiva– del juego político nacional es profundamente preocupante. ¿Cómo puede hablarse, por ejemplo, de “seguridad nacional” cuando hemos visto cómo las conversaciones telefónicas del mismísimo ministro de Defensa han sido grabadas sin que hasta la fecha puedan determinarse los responsables? Está claro que el Gobierno actual tiene gran responsabilidad en haber permitido esta proliferación. Salvo, por supuesto, que se nos diga que no se trata más que de una nueva muestra de que estamos creciendo.